La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones graves a las garantías constitucionales de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre ellas dos ejecuciones extrajudiciales, el intento de fabricar delitos, actos de tortura policiaca, tratos inhumanos y degradantes en contra de los detenidos y abuso de autoridad.

De acuerdo con un informe preliminar hecho público este lunes por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en la agresión a estudiantes normalistas –el pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero– la Policía Federal (PF) hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los jóvenes.

Minutos después, junto con varias decenas de policías ministeriales de esa entidad, los agentes policiacos federales y locales dispararon contra los jóvenes de manera indiscriminada.

No hubo eficiencia

Al dar lectura al informe, Plascencia indicó: Los servidores públicos que participaron en los hechos, y los responsables de su coordinación, omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado; al propiciar un enfrentamiento en la vía pública pusieron en peligro vidas humanas y generaron la muerte de dos manifestantes y heridas por proyectil de arma de fuego en cuatro más.

El ombudsman aseguró que hay evidencia contundente que indica que la PF y agentes policiacos de Guerrero vulneraron diversas garantías constitucionales durante el violento desalojo ocurrido el 12 de diciembre.

Se observaron violaciones graves a derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad atribuibles a personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del gobierno del estado de Guerrero, derivadas de los acontecimientos tanto a cargo de aquellos que intervinieron directamente, como de quienes ordenaron o toleraron dichas acciones u omisiones. Plascencia indicó que no se ha podido determinar qué corporación de seguridad fue la primera en detonar las armas de fuego: los agentes federales o los ministeriales.

Además, informó que hasta ahora la CNDH no ha podido determinar cuáles fueron las balas que mataron a los dos estudiantes e hirieron a otros cuatro, pues las ojivas no han sido encontradas porque atravesaron los cuerpos. Sin embargo, expuso: Por la trayectoria de los disparos, muy probablemente de poniente a oriente, (se deduce que) es ahí donde estaban los servidores públicos de Guerrero, de la policía ministerial y la federal.

Agregó que según la indagatoria, en el lugar hubo 165 elementos policiacos desplegados, 67 de los cuales portaban armas de fuego. Tras el enfrentamiento entre normalistas y policías, 24 personas fueron detenidas.

A decir del ombudsman nacional, estas detenciones fueron arbitrarias y hasta ahora ha quedado demostrado que 14 de los arrestados fueron sometidos a un trato indigno y uno de ellos a torturas. Plascencia refirió que los agentes que participaron en el desalojo violento omitieron brindar atención a los heridos por arma de fuego.

En los próximos días la CNDH presentará su informe a la Procuraduría General de la República (PGR) para que la autoridad ministerial realice su propia indagatoria y sancione penalmente a los presuntos responsables de estas violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales.

Añadió que “el empleo de la violencia y la afectación a derechos de terceros por particulares, o pretender hacerse justicia por propia mano, no son los medios adecuados para exigir a las autoridades la resolución de los asuntos o la adopción de medidas públicas a favor de persona alguna.

Sin embargo, el uso indebido de las armas de fuego no encuentra justificación en los hechos materia de la investigación a cargo de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley, puntualizó en su informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.