El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer tres artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que negaban a los mexicanos por naturalización la posibilidad de ocupar los puestos de agente del Ministerio Público, de la policía de investigación y oficial secretario del Ministerio Público, puestos que estaban reservados a los mexicanos por nacimiento en la capital del país.

Por mayoría (10 a uno), los ministros coincidieron en precisar que los artículos 36, fracción I; 37, fracción I y 39, fracción I de la citada legislación eran inconstitucionales por discriminatorios.

Con el voto en contra de Fernando Franco, el pleno validó el proyecto presentado por Sergio Valls, que argumentaba que los artículos señalados hacían distinción discriminatoria motivada por el origen nacional, respecto de los mexicanos por naturalización.

Valls señaló que la exigencia de que esos cargos fueran ocupados únicamente por mexicanos por nacimiento no era una medida razonable, en razón de sus cargos.

Y es que si bien hay disposiciones constitucionales que señalan expresamente que para ocupar determinados cargos se tiene que ser mexicano por nacimiento, este no es el caso, en razón de que los funcionarios involucrados no desarrollan tareas que tengan que ver con la soberanía o seguridad nacionales, o con áreas estratégicas o prioritarias para el Estado mexicano.

En cambio, Fernando Franco dijo que no compartía el criterio mayoritario debido a que la Constitución faculta al Congreso a establecer en qué casos considera que debe exigirse como condición para ocupar un cargo el ser mexicano por nacimiento.