Alguna vez considerada una de las ciudades más seguras y prósperas del país, Monterrey ha comenzado a registrar desde hace unos años el éxodo forzoso de muchos de sus habitantes, quienes han comenzado a escapar de la violencia.

La capital de Nuevo León no es un caso único. Decenas de miles de personas de varias entidades del norte dirigen sus pasos hacia otros lugares más tranquilos para vivir, en un fenómeno de refugiados internos que, al menos en dicha zona, es casi inédito.

El destino de muchos es, irónicamente, el Distrito Federal, punto que por muchos años fue considerado el más peligroso del país, y que ahora se percibe como el más seguro.

Perdida de riqueza

Desde mediados de 2008, medios regionales comenzaron a tomar nota del éxodo de muchos empresarios de Nuevo León hacia Texas, y advirtieron que si el fenómeno continuaba podría causar la pérdida hasta de 50 por ciento de las riquezas de la entidad.

La amenaza comenzó a tomar forma cuando el titular de la Cámara de la Industria de la Transformación, Guillermo Dillom, admitió que dicho organismo había comenzado a perder afiliados en Monterrey a causa de la violencia, y se confirmó meses después, cuando Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reportó la huida de decenas de empresarios de Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León hacia lugares más seguros, en particular el Distrito Federal y su área conurbada.

Esta situación llevó incluso al empresario Lorenzo Zambrano a calificar de cobardes a los regiomontanos que decidieron irse. Ignorando el regaño, 76 mil 153 personas se fueron de Monterrey en 2010 hacia otras ciudades del país –52 por ciento más que en 2005–, principalmente a Playa del Carmen, Cancún, Mérida y Guadalajara, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque no hay datos oficiales al respecto, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) advirtió que, debido a la guerra contra el crimen organizado, unas 230 mil personas en México se habían visto obligadas a salir de sus lugares de origen –sobre todo de estados como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Michoacán–, de las cuales 115 mil habían emigrado a Estados Unidos.

Si bien la parte más visible del éxodo es la de los empresarios, comerciantes y profesionistas de clase media que huyen de la violencia (tan sólo entre 2007 y 2009 llegaron 55 mil a El Paso, Texas), hay gran cantidad de personas con menos recursos económicos que también han tenido que huir, y cuyas condiciones de vida se ignoran.

Plazas calientes, ciudades vacías

Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista con La Jornada que la disputa por el mercado de las drogas en Estados Unidos –que genera entre 11 y 20 mil millones de dólares anuales, según cálculos extraoficiales– ha provocado una espiral de agresiones casi inmanejable.

Esta violencia indiscriminada, alertó, ya ha causado un fenómeno de desplazamiento interno muy parecido al que ocurre en Colombia o algunos países de Centroamérica, y que ha comenzado a afectar a individuos de todas las clases sociales.

Si en estos momentos la ciudad de México es considerada uno de los puntos más seguros del país –a diferencia de lo que ocurría hace pocos años– es porque ahí los órganos de seguridad son relativamente más efectivos, por ser el asiento de los poderes federales, pero sobre todo porque la ruta de la droga no tiene a la capital como uno de sus destinos principales.

Muy distinto, afirmó el autor de El narcotráfico en América Latina, es el caso de las ciudades fronterizas o portuarias, como Nuevo Laredo, Tijuana, Nogales, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Guaymas, Ciudad Juárez o Monterrey.

En este último punto, indicó José Juan Cervantes, director del posgrado del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los exiliados de más recursos económicos y nivel educativo han escapado hacia Estados Unidos, pero muchos también se han ido hacia el centro de México y otras zonas supuestamente libres de guerra.

Aunque por el momento la migración de empresarios, comerciantes y otras personas de alto nivel adquisitivo no parece afectar de manera grave los índices económicos en las zonas de donde se van, si la violencia no se calma puede haber desinversión en algunos negocios, y eso se va a reflejar en el desempleo y la precarización.

El internacionalista Adolfo Laborde, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, indicó que este movimiento forzoso ya ha comenzado a generar fuga de capitales, menor recaudación de impuestos y desaceleración económica (La Jornada, 13/11/2011).

Para Cervantes, algunos de los factores que comenzaron a generar la desestabilización de Monterrey y otras ciudades del norte es que hace unos 15 años dicha zona comenzó a volverse un centro de consumo y venta de drogas, y no simplemente de tránsito, y a que el gobierno de Felipe Calderón empezó a atacar indiscriminadamente a varios cárteles.

Aunque ha tenido altibajos, la violencia que afecta la vida cotidiana de los estados del norte ya alcanza los niveles de una guerra civil, según los parámetros de organizaciones como Human Rights Watch, subraya Cervantes. Y a esa situación ha terminado acostumbrándose la gente que no puede irse.

“Luego de lo del Casino Royale los grupos de narcos se dieron cuenta de que ya habían calentado mucho la plaza y han bajado de actividad, pero para mucha población sigue la zozobra. Se ha ido adaptando al miedo, a la preocupación y ha ido retomando su vida”.

El regio común, consideró el especialista, critica a la gente que se va, pero también siente envidia. Mucha gente nunca pensó que tendría que irse, pero lo han tenido que hacer.