s mucho lo que está en juego con la crisis financiera mundial. Las repercusiones no se restringen al entorno de la economía y su capacidad de crecimiento. Ese es sólo el terreno de un conflicto más amplio y potencialmente decisivo.

La incapacidad de crecer en medio de recursos disponibles, empezando por la gente, es una incongruencia. El paro es un verdadero desperdicio impuesto por la manera en que se define el uso del dinero y el capital. En este caso aparece como una dislocación de los mercados de financiamiento, cuya función esencial es canalizar el ahorro a sus mejores usos. Hoy, esa función es prácticamente nula.

El crédito puede contribuir a generar valor, pero no siempre lo hace. En las crisis las relaciones financieras y las corrientes de los recursos tienden a destruirlo, aunque no lo eliminan por completo, mientras su distribución se sesga a favor de los acreedores.

Eso sucede en el marco de relaciones político-institucionales que comprometen la intervención del Estado para prevenir el colapso del sistema financiero. Este es el argumento más usual en cualquier crisis de las que han ocurrido desde los años 1980 en diversos países. En México pasó en 1982 y 1994 y en situaciones internas y externas que eran distintas.

Los recursos que los bancos centrales facilitan para que los bancos comerciales sigan operando y no quiebren, tienen actualmente una tasa de interés próxima al cero. En cambio, la deuda pública que se coloca precisamente entre esos mismos bancos tiene rendimientos positivos mucho más elevados. Esta diferencia no está mediada por instrumento alguno que la circunscriba, pero está en el centro de la disputa que define la crisis.

Así que la sociedad carga con el subsidio implícito en las bajas tasas de interés de la liquidez creada por la imprenta de los bancos centrales y, además, con el costo del pago de la deuda pública colocada entre quienes reciben esa liquidez barata. Esta es una transferencia real de recursos muy onerosa y está en la base de la recesión productiva y el desempleo que se han impuesto.

Esta diferencia de rendimientos es clave, y es lo que ocurre cuando se dice que los mercados exigen a los gobiernos que reconstituyan su capacidad de pago mediante severos ajustes fiscales. Y los gobiernos se pliegan como si fueran deudores comunes y corrientes, so pena de llevar los déficit públicos a un extremo de la suspensión de pagos. La disciplina la imponen los mercados y el quehacer político se supedita, admitiendo incluso la racionalidad implícita.

En Italia, en plena crisis, el déficit fiscal sería próximo a cero sin el pago de los intereses de la deuda pública a los bancos y otras entidades que controlan el mercado. En España la preocupación más evidente del nuevo gobierno fue la credibilidad con los mercados mediante el ajuste del presupuesto: elevación de impuestos y recorte bárbaro de gastos de todo tipo.

La relación entre los mercados y los Estados se ha constituido en el centro de la gestión técnica y política de la crisis, como sucedió también con la administración de la expansión que la precedió y que se basó en la ampliación del crédito hasta llegar a la exuberancia irracional. El entramado de la política y las finanzas es un rasgo clave en las distintas fases del ciclo económico-político.

Los mercados no ceden en sus exigencias y no parecen tener por qué hacerlo, pues han adoptado un papel protagónico. Expresan claramente sus expectativas de repago de la deuda, o sea, la confianza, en términos del precio que fijan a la capacidad de mayor endeudamiento público. Las tasas de interés guían las acciones de los gobiernos y hasta la forma de reacción de la sociedad.

Se pregunta, entonces, cada vez más sobre el sentido de la sumisión política ante las exigencias de los mercados y sobre la capacidad de decisión consciente sobre los asuntos sociales más allá de los esquemas de precios y cantidades que hoy predominan. Las respuestas son bastante estrechas.

Hasta ahora puede decirse que se ha logrado imponer la legitimidad de los ajustes y hacer que el Estado cargue con la responsabilidad de la crisis por la magnitud de la deuda pública. Eso define buena parte del ejercicio de la política y del funcionamiento de los mercados de deuda. Puede preguntarse si habrá un resquebrajamiento de dicha validación, cuál sería su forma y en qué consistiría.

Pero no hay evidencia clara de que las condiciones de la crisis y el recurso al ajuste presupuestal se exhiban aun de modo claro entre los ciudadanos, incluso en los países con elevado nivel de desempleo y en un proceso de reducción de servicios y prestaciones sociales. Esto se advierte, por ejemplo, en encuestas que dicen que la gente acepta los recortes más que el alza de los impuestos.

En cambio, hay quien sugiere que la reacción social ante los ajustes podría ser, si no violenta, cuando menos con un efecto político más decisivo. La recesión que se impondrá aún de manera más severa este año en Europa puede ser un factor relevante en la dinámica social.

Aquí parece que hay elementos para un análisis social relevante para fijar los horizontes no sólo de las políticas públicas sino del mismo régimen democrático en las que éstas se sustentan. En todo caso hay una reflexión por hacer sobre el carácter de las preferencias sobre lo individual y lo colectivo en la sociedad contemporánea.