Ernesto Zedillo incurrió en complicidad u omisión en la matanza de indígenas en Acteal, sostuvo Jaime Martínez Veloz, integrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en Chiapas. El también ex legislador consideró que los sucesos en la comunidad indígena son la expresión más dramática del fracaso de la política de doble discurso que impulsó el ex presidente durante el proceso de negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En entrevista, Martínez Veloz refirió que la Cocopa siempre estuvo al filo de la navaja con Zedillo, porque “por un lado nos pedía que nos acercáramos y estableciéramos compromisos y acuerdos con los zapatistas, pero en paralelo permitía acciones en sentido contrario. Un importante antecedente fueron las órdenes de aprehensión dictadas contra la comandancia zapatista el 9 de febrero de 1995.

Tal determinación ocurrió cuando la Cocopa realizaba una visita a Chiapas a petición del mismo Zedillo, lo cual fue tomado por los integrantes de la comisión como una acción distractiva que permitió al gobierno federal preparar el zarpazo contra los dirigentes zapatistas.

Criticó asimismo que el ex presidente desconociera de un plumazo los Acuerdos de San Andrés.

En la última reunión que sostuvo una subcomisión de la Cocopa con Zedillo, nos dijo que si hubiera sabido lo que firmaba la delegación gubernamental con los indígenas él hubiera preferido haber pedido que no se firmara ningún documento.

Aquella afirmación, agregó, tuvo un enorme significado, porque tras haberse realizado un proceso de negociación serio, responsable y bajo el amparo de las leyes mexicanas, “descalificó de facto los Acuerdos de San Andrés, y se nos acusó a los firmantes de querer fragmentar y balcanizar el país, incluso de que pretendíamos crear un Estado dentro de otro Estado”.

Insistió: sin duda, en Zedillo hubo complicidad u omisión por los sucesos trágicos de Acteal. En el fondo, Acteal es la expresión más brutal del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Y está claro que el doble discurso del ex presidente condujo al ataque contra el EZLN.

A su vez, el senador perredista Tomás Torres aseveró que más allá de que Zedillo logre eludir el juicio que se le sigue en Estados Unidos con el argumento de la inmunidad, debe dar la cara y responder por la masacre de Acteal.

Resaltó que lo ocurrido en la comunidad chiapaneca constituye un delito grave e imprescriptible, y el hecho de que el ex mandatario pretenda cubrirse con un tema de procedimiento no sólo es irresponsable, sino de alguna manera significa la confesión de su responsabilidad en los sucesos.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, dijo que el alegato de la inmunidad es improcedente porque no hay fuero que proteja al ex jefe del Ejecutivo, quien al terminar su gestión como presidente dejó de tener esa prerrogativa.

Expuso que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben ni hay protección para quienes los cometen.

Especialista en temas jurídicos, Monreal señaló que Estados Unidos sí tiene jurisdicción para juzgar a Zedillo por la matanza, y consideró que los quejosos acuden a ese tipo de tribunales porque consideran que en México la justicia está podrida y se encuentra a disposición del mejor postor.

Resaltó que en el país, la justicia atraviesa por la etapa más difícil y de mayor deterioro en toda su historia. No existe justicia, se encuentra en una seria crisis y, sobre todo, hay desconfianza hacia ella.

El panista Rubén Camarillo recordó que el caso ya fue juzgado en México, fue un tema que se llevó años e incluso fue motivo de análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.