Organizaciones campesinas de diferentes tendencias políticas llamaron a los gobiernos federal y estatales a no politizar el tema de la atención a los daños provocados por sequía, heladas e inundaciones, y a trabajar en conjunto con la sociedad civil y las agrupaciones de productores para establecer un mecanismo de vigilancia.

Lo anterior –dijeron–, con el propósito de que los recursos que se destinen a mitigar las consecuencias de las contingencias climatológicas realmente lleguen a los campesinos afectados y no se desvíen a asuntos electorales.

Asimismo, descartaron que una controversia constitucional sea el camino adecuado para lograr que el gobierno federal destine los 10 mil millones de pesos objetados por el Ejecutivo. Consideraron que esa es una medida demagógica, porque lo que se requiere son respuestas prontas.

Señalaron que lo más probable es que dicha controversia tarde meses en ser resuelta, y tal vez habría una determinación cuando el sexenio de Felipe Calderón haya finalizado, y para el campo ya sería muy tarde.

Raúl Pérez Bedolla, secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), indicó que para evitar suspicacias en el periodo prelectoral debería conformarse una comisión en la que participen los gobiernos estatales, legisladores, la Secretaría de Agricultura y el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural (instancia que aglutina a organismos campesinas y a los sistemas-producto), para que supervisen el uso de los recursos, pero también hagan un análisis serio de la nueva situación del clima, en función de la producción agropecuaria.

Bedolla insistió en que en esta época electoral los gobernadores de todas las tendencias políticas podrían verse tentados a ocupar los recursos para apoyar a sus candidatos, y que en ese sentido se entiende la desconfianza del Ejecutivo, pero dijo que ello no puede paralizar las acciones en favor de los campesinos afectados, sino optar por mecanismos de vigilancia. Sobre todo, subrayó que ante el cambio climático, lo que se necesita no son parches presupuestales, sino ajustar los programas del campo y optar por la reconversión de cultivos.

En tanto, Víctor Suárez Carrera, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), aseguró que se está enmedio de una disputa de carácter políticoelectoral entre los mandatarios priístas. que quieren utilizar electoralmente la situación, y el gobierno federal, que muestra gran insensibilidad, pues no solamente no está apoyando a los productores afectados, sino que al negar los 10 mil millones de pesos que se requieren para reactivar el sector, también está comprometiendo el ciclo primavera-verano, que es el que puede sacar de la catástrofe al campo.

José Luís González Aguilera, coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente, coincidió en que el temor es políticoelectoral y por eso deben tomarse medidas precautorias para que no se utilicen el campo ni sus recursos con ese propósito. Se pronunció por establecer una comisión neutral que revise que el dinero no se vaya a aspectos comiciales.

Criticó a los priístas “que últimamente están muy preocupados por el campo; ojalá lo hubieran estado cuando fueron gobierno o cuando se firmó el TLCAN. En el estado de México, Enrique Peña Nieto no destinó al campo ni siquiera uno por ciento de su presupuesto, pero ahora está preocupado por los campesinos.