El hecho de que el ex presidente Ernesto Zedillo alegue tener inmunidad por haber sido jefe del Poder Ejecutivo ante la demanda civil que enfrenta en Estados Unidos por la matanza de Acteal no es un recurso legal válido, ya que el fuero no sirve para proteger a funcionarios que ya dejaron el cargo ni en el caso de delitos de lesa humanidad, señalaron activistas de derechos humanos y especialistas en asuntos jurídicos.

Consultada sobre el tema, Paulina Vega, presidente de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que la inmunidad presidencial sólo es válida mientras el funcionario está en el cargo, pero una vez que lo deje, puede ser llamado a cuentas por cualquier tipo de acusación.

Aunque a veces los tribunales mantienen respeto a esa figura que se extiende más allá de lo que debería ser, la inmunidad no es total ni absoluta. Por eso, el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) permitió que se juzgara a presidentes en activo, como a Omar Al-Bashir, en Sudán, explicó en entrevista con La Jornada.

En algunas ocasiones las cortes de un país son muy reacias a juzgar a un ciudadano extranjero, ya que la defensa de los acusados suele replicar supuestas violaciones a la soberanía –como hizo Augusto Pinochet en 1998, ante el proceso legal iniciado por el juez español Baltasar Garzón–, pero este argumento no es válido, porque los crímenes de los que está acusado Zedillo no prescriben y no son amparables.

Por su parte, David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, coincidió en señalar que la inmunidad no es aplicable en un ex mandatario ni en casos de delitos graves, ya que de lo contrario no hubiera sido posible que la CPI analizara los genocidios de Ruanda o la ex Yugoslavia.

El presidente está protegido cuando está en funciones, pero cuando las deja, ya no. La defensa de Zedillo está alegando inmunidad para ver si pega; quiere hacer una chicanada. Por eso una de las reformas que se necesitan en el sistema legal mexicano es que los presidentes rindan cuentas, y no sólo con informes y cifras, sino que incluso los puedan inhabilitar y meter a la cárcel, indicó.

En un caso que guarda algunas similitudes con el de Zedillo, el gobierno de Estados Unidos cedió a la presión del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y aceptó declarar la inmunidad del ex mandatario Álvaro Uribe, quien es acusado de encubrimiento por familiares de personas asesinadas por grupos paramilitares, bajo órdenes de la empresa minera trasnacional Drummond.

La diferencia es que, con Zedillo, el gobierno mexicano no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.