El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) se percató del fraude cometido en el otorgamiento de créditos hipotecarios desde noviembre de 2008, pero fue más de año y medio después que presentó la demanda penal en contra de 41 trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR) que obtuvieron préstamos por montos superiores a los que les correspondían.

Esta es apenas una de las anomalías en los juicios que pesan sobre los empleados y que según José Humbertus Pérez Espinoza, abogado de algunos de ellos, por el tiempo transcurrido, el supuesto delito ya prescribió.

El defensor aseguró que son miles los créditos otorgados con montos en demasía que van de 200 mil hasta 500 mil pesos y por los cuales el fondo mantiene litigios en contra de los asegurados y la amenaza de que deben cubrir el excedente antes del próximo 30 de enero.

Ayer, la Unión de Trabajadores Afectados por Fovissste indicó que este organismo les propuso firmar un convenio para saldar sus deudas, a fin de que abonen al fondo entre 10 mil y 20 mil pesos semestrales, lo que para la agrupación es inaceptable, pues la mayoría de los trabajadores percibe salarios de entre mil 600 y 2 mil 400 pesos a la catorcena.

Los empleados no tienen ninguna posibilidad de hacer estos prepagos de deuda, sobre todo porque hay muchos jubilados y trabajadoras que son madres solteras. De aceptar el convenio que les propuso el fondo estarían condenados a pagar durante una década cantidades de hasta 20 mil pesos semestrales, a cambio de darles el perdón en las demandas judiciales.

Se trata nuevamente de un convenio arbitrario, unilateral y que sólo favorece al Fovissste, cuyo único interés es recuperar el dinero de los préstamos que ellos mismos autorizaron y ahora quieren cobrar a los trabajadores en un tiempo exprés, indicó la organización.

La clave maestra

Con relación a la demanda que pesa sobre 41 trabajadores de la PGR, la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción señaló que los presuntos responsables del ilícito son, en realidad, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) con las que Fovissste suscribió convenios de concertación de acciones, a fin de aplicar el programa de financiamiento de créditos para la vivienda, así como personal del propio fondo, todos con acceso a la clave maestra del Sistema de Originación de Créditos.

Ninguno de los empleados de Fovissste encargados de los trámites de créditos hipotecarios verificó la autenticidad y calidad de la documentación entregada por las Sofoles, en particular del talón de pago quincenal del solicitante del préstamo.

La fiscalía también acreditó que existió conducta irregular de 17 empleados de las Sofoles. Con base en información del Órgano Interno de Control del Fovissste, se pudo saber que las entidades financieras tienen acceso a la clave para manipular la información contenida en el Sistema de Originación de Créditos a lo largo de todo el trámite.

Otro dato aportado por la Fiscalía, en el pliego de consignaciones, es que en 2009 el Fovissste inició al menos 20 demandas penales en contra de las Sofoles por el delito de fraude. En todos los casos, el organismo dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) señaló que el fondo se dio cuenta de que los créditos hipotecarios se asignaron de manera irregular al momento de aplicar los descuentos a cada afiliado.

En cada denuncia repitió que dichos créditos nunca se van a pagar, primero porque alteraron las cantidades que dicen que ganaban y segundo porque el margen para pagar es muy largo y algunas personas son de edad avanzada.

Hasta ahora, señaló el abogado Pérez Espinoza, no existe información respecto a que la autoridad judicial haya ejercido acción penal en contra de las Sofoles. En cambio, la celeridad distingue los juicios en contra de los afiliados del Issste, beneficiarios de los créditos. A varios de ellos, ya les han dictado autos de formal prisión. Están libres aquellos que pudieron pagar la fianza de 300 mil pesos que les impuso el juez.