San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de enero. Las familias tzeltales expulsadas por paramilitares priístas del ejido Cintalapa, en la selva norte de Ocosingo, cumplieron hoy 23 días en la Plaza de la Paz, exigiendo justicia por las agresiones que han sufrido: tortura, secuestro, violación sexual tumultuaria, cárcel, despojo de tierras y la usurpación de sus viviendas por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

Conformados ahora en el Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, junto con ejidatarios de Busiljá, también desplazados y agredidos por la Opddic, se asumen adherentes de la otra campaña y exigen la libertad de Amílcar Méndez Núñez, encarcelado desde diciembre de 2008 en el penal de Playas de Catazajá acusado de un asesinato que sus familiares y compañeros aseguran que no cometió.

Lo que los priístas buscan es quedarse con nuestras tierras porque estamos en la resistencia, dice Eva, hermana del detenido, detrás de las mantas que son denuncia y cobijo para estas familias tzeltales que no tienen dónde vivir y llevan dos años peregrinando en albergues sin encontrar solución a sus exigencias de justicia.

Como señalaban en una denuncia reciente, el gobierno está enmallando porque ha visto que son tierras más protegidas que las que colindan con las nuestras y las quieren para hacer negocio con el ojo de agua. Se trata de 31 hectáreas en Cintalapa y 151 en Busiljá, cuyos propietarios tienen en común haberse negado a entrar al presuntamente voluntario Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y mantenerse en resistencia. Y sostenían: los paramilitares Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Manuel López Méndez, integrantes de la Opddic, entregaron 40 mil pesos al Ministerio Público para que la detención se llevara a cabo.

Eva repite para La Jornada la historia de su desdicha. ¿Cuántas veces más tendrá que hacerlo? El 16 de diciembre de 2008 fueron detenidos Amílcar y Armando Méndez Núñez sin orden de aprehensión por priístas y judiciales, torturados y metidos presos. El segundo salió libre en marzo de 2011, luego de dos meses de plantón de familiares en la plaza de gobierno en Tuxtla Gutiérrez y una huelga de hambre de 29 días.

Amílcar está acusado del asesinato de Francisco Cruz Méndez, un joven de la comunidad que había desaparecido y dos días después, el 14 de diciembre, apareció su cuerpo cerca del solar de mi papá. Lo pusieron allí para podernos agredir. Quieren nuestras tierras, aunque tenemos los certificados de derecho agrario.

Y añade Eva Méndez: en marzo de 2009 inician las agresiones, aunque las amenazas de muerte de Herlindo y su grupo no habían cesado durante más de dos meses. El día 6 llegaron a nuestro domicilio rompiendo las puertas. Estábamos puras mujeres y mi papá, Pedro Méndez Cruz. Allí mismo violan a mi cuñada. Fueron Herlindo López, Manuel Pérez Vázquez y su hijo Lorenzo, el agente municipal Manuel López Méndez y Macario Juárez Méndez. Y luego fueron a violar a mi otra cuñada. A mí me golpearon y amenazaron de muerte. Ese día dejamos la comunidad.

Sus cuñadas agredidas, Violeta Cruz López y Agrentina Gutiérrez Núñez, los hijos de éstas y otras cinco familias quedaron secuestradas en la casa ejidal con la amenaza de llevarlos a la montaña para asesinarlas y quemarlas si no entregaban 25 mil pesos como rescate. Lograron reunir la suma minutos antes de la medianoche. Nuevamente, Herlindo López encabezaba el grupo de la Opddic. Durante estos hechos había patrullas de protección civil presentes.

Al otro día, ante el delegado de gobierno y “un operador político –agrega Eva– obligaron a mi papá a firmar un acta de acuerdo con los paramilitares para abandonar derechos, casa, todo. En carros de policía nos llevaron a Ocosingo (a muchas horas de Cintalapa) y nos dejaron en el DIF regional; luego nos pasaron al municipal y ahora mejor rentamos una casa; somos 18 personas, nueve niños”. Desde el 14 de diciembre acampan aquí, con los indígenas de Busiljá, que ni casa tienen, en espera de una respuesta del gobierno.