La alta incidencia de motines, riñas, homicidios y corrupción en las cárceles del país obedece en gran medida a la falta de recursos invertidos por el gobierno tanto en la profesionalización de quienes laboran en dichos centros, como en la posibilidad de reinsertar verdaderamente a los presos en la sociedad.

Así lo afirmó el tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Andrés Aguirre, quien llamó a poner en marcha cuanto antes medidas de supervisión judicial que puedan ayudar a verificar que las penas de los internos se cumplan de manera adecuada, y sin violar sus garantías individuales.

Tras lamentar la riña del pasado miércoles en el penal de Altamira, Tamaulipas, que dejó como saldo 31 reos muertos, el funcionario advirtió en entrevista con La Jornada que este tipo de incidentes ya son recurrentes.

En 2011, informó, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva registró un total de 30 peleas dentro de cárceles en la República, que provocaron el fallecimiento de 132 presos. Además, hubo 18 muertes causadas por dos incendios; siete suicidios y un intento de fuga.

Todo lo anterior motivó que la CNDH emitiera varias recomendaciones –dirigidas en particular a las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación Pública–, en donde, entre otros aspectos, llama a proteger a los reos que padecen algún tipo de enfermedad mental; respetar el derecho a la liberación anticipada; eliminar tratos degradantes a los visitantes, y poner en marcha de manera efectiva la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Desgraciadamente esas recomendaciones siguen vigentes, porque el tema ha sido muy poco atendido. Sigue habiendo sobrepoblación carcelaria y bandas de delincuencia organizada. Más que una limpia, lo que necesitamos es darle capacitación integral a quienes laboran en las cárceles, contratar personal suficiente y trabajar por una verdadera reinserción social del sentenciado, consideró.

Por su parte, el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, advirtió que el sistema penitenciario mexicano atraviesa una profunda crisis estructural, en la que los grupos de criminales se disputan mercados y espacios de poder en las cárceles, de la misma forma que lo hacen fuera de ellas.

Ante esta situación de virtual autogobierno delincuencial, en un sitio donde en teoría el Estado debería tener un control más férreo, el activista afirmó que es necesario diseñar herramientas de vigilancia y fiscalización a cargo de la sociedad civil y los poderes Legislativo y Judicial, como la figura ya existente del juez de ejecución de penas.

Javier Oliva, académico e investigador especializado en temas de seguridad, indicó que la insólita violencia dentro de una cárcel es el reflejo del deterioro del sistema penitenciario mismo. Lo que pasó en Altamira te da una idea de la falta de coordinación de la política anticrimen del gobierno federal.

Una de las causas que hicieron posible dicha masacre, añadió, fue la falta de recursos materiales para impedirla, por lo que también exhortó a utilizar para ello los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios.

La mayoría de los muertes fueron ocasionadas por arma blanca, y la razón de que fuera posible esto es que no había cámaras ni custodios suficientes. Lo primero que habría que hacer es identificar de inmediato a los responsables de los turnos de vigilancia y mejorar el sistema de monitoreo de los presos. En los penales de máxima seguridad la cantidad de personas que se necesitan para su funcionamiento es mínima, pero es debido a la tecnología que usan, apuntó.