El incremento en el número de recursos y denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por partidos políticos y candidatos no es una buena señal para los ciudadanos de cara a los comicios presidenciales de 2012, afirmaron politólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes aseguraron que se han encendido los focos rojos de alarma.

En entrevista por separado, subrayaron que la reforma político-electoral aprobada en 2007 en el Congreso de la Unión no dejó establecidas las bases para garantizar  una contienda con reglas claras, pues fue resultado de una negociación coyuntural y partidista que deja como saldo unos comicios federales con muchos riesgos de inestabilidad y deficiencias.

Manuel Larrosa Haro, catedrático e investigador del Centro de Estudios de Democracia y Elecciones de la UAM, indicó que la calidad de las reformas político-electorales en México ha estado anclada desde 1977 a una dinámica de intereses electorales, pues son los propios legisladores de los partidos los que permiten el avance de una reforma.

No es la primera vez, afirmó, que México enfrenta una reforma electoral incompleta, pero en un contexto de crisis económica e institucional, así como de creciente violencia, se potencia la baja calidad de la reforma votada en 2007, pues dejó deficiencias y huecos en temas que debieron solucionarse y que quedaron pendientes por coyunturas y desacuerdos políticos.

María Eugenia Valdés Vega, catedrática de la UAM y especialista en procesos electorales y partidos políticos, afirmó que la judicialización de los procesos de elección no es nueva: se acentuó en este sexenio, sobre todo porque las reglas del juego no se respetaron. Se modificaron de forma atropellada y sin pensar en las consecuencias.

Pese a que consideró positivo que se hayan fijado medidas de equidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos y sus candidatos, acortar las campañas y regular las precampañas, reiteró que el creciente uso de organismos judiciales para dirimir disputas electorales es porque hay mucha tela de donde cortar para denunciar los tropiezos en que incurre con la reforma.

Larrosa Haro apuntó que el incremento en el número de quejas que podrían recibir los 300 consejos distritales en todo el país es una muestra clara que el sistema y legislación electoral no está respondiendo bien a las inquietudes de candidatos y coaliciones. Las condiciones de la contienda no están bien diseñadas, y esto sólo generará mayor incertidumbre.