o que el clima iguala, las políticas de gobierno desigualan. Los efectos de una helada pueden ser los mismos en un maizal del altiplano central que en otro de las feraces llanuras costeras del noroeste. Sin embargo, el tratamiento que el gobierno dará a los productores temporaleros de Puebla o Tlaxcala será muy desigual si se compara con el que proporciona a los prósperos cultivadores de Sinaloa.

Sin respingar, a principios de 2011 Felipe Calderón ordenó destrabar una cuantiosa partida para acudir al rescate de los maiceros sinaloenses, afectados por la helada de febrero. Se trasladó personalmente hasta aquellas tierras y, muy a su estilo, condujo un tractor para las labores de resiembra. Pero a mediados de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados estableció un fondo de 10 mil millones de pesos –nunca programado por el Ejecutivo federal– para apoyar a las entidades afectadas por la sequía, las inundaciones y las heladas, Calderón ejerció un veto de hecho sobre la partida, alegando que tenía algunas observaciones que hacerle, mismas que no ha explicado. Los recursos están, pues, atorados, cuando la emergencia climática, productiva y alimentaria golpea a más de la mitad del país.

Puede suponerse que Calderón trata de evitar que esos 10 mil millones vayan directamente a las manos de los gobernadores, la mayoría priístas, y los utilicen con propósitos electoreros en este crucial 2012. Razón no le faltaría, si no fuera porque el solo hecho de atorar ese dinero también tiene implicaciones electoreras. Entonces, lo que está en el fondo de este conflicto no es la atención a la emergencia en la que se están sumergiendo millones de familias, sino quién y cómo capitaliza la ayuda alimentaria. En términos llanos: quién entrega las despensas, a nombre de quién y con qué colores. Así de ramplón el enfrentamiento, así de superficial.

Pero, más allá de estos enfrentamientos electoreros, hay mucho que analizar. En primer lugar, que, ante el cambio climático no se ha diseñado una política de Estado, siquiera de mediano plazo. Hay un pleito de órdenes de gobierno por responsabilizarse mutuamente y apropiarse de los dividendos electorales, pero no hay ni siquiera la convocatoria a diseñar y poner en marcha un proyecto que desarrolle capacidades productivas, tecnológicas, humanas para hacerle frente a dicho cambio. Si todo el norte árido y semiárido de nuestro país, si todo el altiplano va a ser de las regiones más afectadas del orbe por sequías y fríos extremos, ¿qué programa se ha diseñado para cambiar de cultivos o adoptar tecnologías adecuadas para que la gente de esas regiones siga produciendo alimentos para ella y para las ciudades?

Las políticas federales siguen fomentando la producción y la productividad de los productores y las regiones más ricas y destinando sólo recursos asistenciales para la gran masa de productores pobres y medios, como acaban de demostrar investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo: los programas existentes se concentran en sólo 15 por ciento de los productores empresariales y dejan fuera a los pequeños campesinos (La Jornada, 26/12/11, nota de Javier Salinas y Saúl Maldonado).

No sólo en la fase de producción las políticas oficiales favorecen a los más ricos; también en las de acopio y comercialización: Aserca sigue concentrando sus apoyos en los grandes productores y en los acaparadores. Los productores campesinos y sus empresas siempre tienen que luchar contracorriente para acceder –siempre tardíamente– a los pocos apoyos que les dejan los coyotes. Hay incluso funcionarios panistas que señalan que buena parte de la estructura de Aserca es la heredada desde el salinismo, cuando los grandes fraudes en Conasupo…

Y tanto el gobierno federal como los estatales siguen favoreciendo a la agricultura extractiva, la que más contribuye a la desertificación y al cambio climático. Conagua sigue tolerando la sobrexplotación de los mantos acuíferos; Semarnat sigue dando permisos de cambio de uso de suelo, permitiendo el desmonte de miles de hectáreas para nuevos proyectos mineros o agrícolas basados en la extracción sin control de las aguas fósiles. No sólo se toleran estas prácticas; se premia incluso a sus autores entregándoles cuantiosos recursos por conducto de Procampo o programas activos productivos.

Éstas son conductas, prácticas sistemáticas, conexas que vienen a conformar un modelo agroalimentario. Modelo que desde hace 30 años veta la generación de alimentos, riqueza y vida digna para las mayorías rurales, que veta la soberanía alimentaria para esta nación. Así lo demuestran los 50 millones de mexicanos con algún grado de escasez de alimentos y los más de 12 millones al borde de la hambruna. Así lo demuestra el hecho de que de enero a octubre de 2011 se haya incrementado en 98 por ciento el volumen de importaciones alimentarias. Los gobiernos priístas y panistas han vetado la prosperidad para las mayorías en el campo y se han enfocado en producir unos cuantos ricos y un número creciente de pobres, receptores de despensas y, por ello, muy probables productores de votos.

De poco servirá vencer el veto calderonista de los 10 mil millones de pesos si no se vence el añejo veto clasista y racista a un desarrollo rural equitativo, incluyente y soberano.