San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de enero. Violaciones, secuestros de menores y mujeres embarazadas, encarcelamientos con apoyo de las policías estatal y municipal, despojo armado de casas y parcelas, amenazas de muerte. En los ejidos tzeltales Busiljá y Cintalapa, al norte del municipio oficial de Ocosingo, los grupos priístas identificados como paramilitares han llegado demasiado lejos en sus agresiones contra familias que no pertenecen a la Organización Para de Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), con la intención de quitarles las tierras que poseen legalmente.

Hoy adherentes de la otra campaña, siete familias de Busiljá, están de plantón en la Plaza de la Paz. Despojadas de sus tierras, no tienen dónde vivir y de momento lo hacen aquí, donde llevan 22 días de protesta, ante la sordera y la indolencia del gobierno estatal. Sus demandas más urgentes son dos. Una, la devolución de la niña Gabriela Sánchez Morales, de 8 años, secuestrada desde el 17 de julio por el grupo paramilitar; se sabe que se encuentra esclavizada en casa de Benjamín Gómez Sánchez, en la misma comunidad. También exigen la liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo), detenido el pasado 7 de diciembre bajo falsos cargos agrarios y preso en el penal 17 de Playas de Catzajá.

Y claro, demandan la devolución de sus tierras, viviendas y propiedades en más de 150 hectáreas, de las cuales cuentan con derecho de propiedad agraria. Aunque las agresiones y desalojos contra familias prozapatistas o al menos opuestas a la Opddic datan de años atrás, en 2011 fueron brutales y constantes.

Entrevistadas por La Jornada, las familias expulsadas señalan como principal instigador y violador a Herlindo López Pérez, ex regidor municipal y dirigente de Opddic. Originario del vecino Cintalapa, donde desarrolló una estrecha colaboración con los militares que se establecieron en esa comunidad hacia 1996, ha participado en todas las agresiones en Busiljá, donde existe un destacamento policiaco fijo con el cual colabora estrechamente.

Ésta es la bitácora de Busiljá en 2011: el 15 de enero, los policías ingresaron a sus parcelas en la patrulla 378, amagaron con armas de fuego y los echaron de sus tierras. Ese mismo día desapareció Verónica López Pérez, embarazada de tres meses, y permaneció secuestrada dos meses por el grupo de Opddic. El 5 de abril recuperaron sus tierras y el día 7 entraron la policía, el delegado de Gobierno Caridad Alcázar López, los representantes de la Procuraduría Agraria y la subsecretaria de Gobierno, y detrás de ellos los priístas, para obligarnos a salir.

El 21 de abril, la Policía Estatal Preventiva (PEP) violó a Elena Morales Gutiérrez; los ejidatarios sostienen que por orden del delegado de Gobierno José Manuel Morales Vázquez.

En las primeras horas del 17 de julio, la PEP, junto con los paramilitares, entró a desalojar a los ejidatarios y se llevaron a la niña Gabriela, a quien sus padres consideran desaparecida, y responsabilizan a Herlindo López y Domingo Gutiérrez Hernández, además del mencionado Morales Vázquez. Querían agarrar a su padre Nicolás Sánchez Gómez y a su tío Elías, detenido finalmente en diciembre y hoy preso; cabe señalar que ya había estado en prisión anteriormente, y salió libre tras la huelga de hambre de presos políticos de la otra campaña en 2008.

El 30 de septiembre, durante una asamblea en Ocosingo, el titular de Obras Públicas del ayuntamiento anunció que se volvería a agredir a un grupo de 16 familias, 45 personas en Busiljá. El 2 de octubre, a eso de las 5 horas, cuatro individuos armados irrumpieron en las casas y amenazaron con matar a los perseguidos. El 4 de octubre se repitieron las amenazas. Un día después fue secuestrado en Ocosingo Pablo Sánchez Gutiérrez, de 15 años. El día 11 los paramilitares finalmente expulsaron a 25 personas, blandiendo machetes y armas de alto calibre.

Quieren nuestras tierras, y los apoyan los políticos, sostienen los ejidatarios despojados. El Ministerio Público conoce bien los hechos, las pruebas de los ataques y los nombres de todos los responsables, pero no quiere turnarlos al juez. Está documentado un caso anterior, en Cintalapa, donde el MP de Ocosingo fue sobornado con 40 mil pesos por el dirigente de Opddic Herlindo López.