A dos meses de que un tribunal federal aprobó jurisprudencia en la que se indica que la identidad de los testigos protegidos se debe revelar una vez que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerce acción penal ante un juez contra los inculpados, abogados que defienden a presos por delincuencia organizada han saturado los juzgados federales con solicitudes de amparo que buscan desacreditar los expedientes de acusación ministerial que están sustentados fundamentalmente en el dicho de testigos protegidos.

El pasado 26 de noviembre, el primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Guadalajara, Jalisco, concedió cinco amparos a acusados por delitos contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada y otros delitos graves, porque cuando se les presentó ante el juez de la causa, no les fue revelada la identidad de los testigos protegidos que declararon en su contra.

A partir de esa fecha, y hasta el pasado lunes, las oficialías de partes comunes de los juzgados federales, según consta en registros estadísticos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), han recibido al menos 780 demandas de amparo (utilizando como argumento toral esa jurisprudencia) en tribunales de todo el país, contra actos de autoridad judicial relacionados con órdenes de aprehensión o autos de formal prisión que derivaron de acusaciones hechas por testigos colaboradores de la PGR.

Rogelio Garza, abogado penalista, explicó a La Jornada que una jurisprudencia es obligatoria para todos los jueces y magistrados, por lo que es probable que en los próximos días los juzgados en materia de amparo se saturen con demandas de garantías que busquen impugnar la constitucionalidad de la figura de los testigos protegidos, sustentados en la tesis del primer tribunal colegiado del cuarto circuito.

El tribunal, cuya jurisprudencia acaba de ser publicada en el Semanario Judicial de la Federación, afirmó que mantener estos datos ocultos atenta contra las garantías de adecuada defensa, sin que exista justificación legal para que no se revelen las identidades.

Los amparos de los que derivó la jurisprudencia fueron concedidos durante 2011 a José Ramón Dávila López, El Cholo, presunto sicario y fundador de Los Zetas, detenido en 2007 y a Antonio Careaga Ramírez, ex director de Seguridad Pública de San Mateo Atenco, acusado de trabajar para La Familia y estar vinculado con la masacre de 24 personas en La Marquesa en 2008.

También a José Jaime Camacho, supuesto integrante del cártel de los Beltrán Leyva; Pablo Gómez Solano, El Pacuas, que controlaba las operaciones de Los Zetas en Hidalgo, y Ramiro Hernández García, del cártel del Golfo, detenido en 2004 en Naucalpan con 2 millones de dólares y 160 kilos de cocaína.

En todos los casos, el tribunal ordenó reiniciar el juicio desde el momento previo al dictado del auto de formal prisión, pero revelando a los acusados quiénes fueron los testigos protegidos que declararon en su contra.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que la PGR podrá reservar la identidad de los testigos, pero sólo hasta el ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, el Ministerio Público tiene por costumbre no revelar el nombre real de sus testigos desde el principio y hasta el final de la investigación, e incluso se han presentado casos en los que un inculpado recibe sentencia condenatoria sin que conociera la identidad de los testigos que lo acusaron de incurrir en algún delito.

Con esta jurisprudencia de tribunal colegiado, varios de los actuales presos vinculados con la delincuencia organizada (desde políticos, empresarios, ex servidores públicos y jefes policiacos) tienen mayores posibilidades de obtener algún amparo que les permita recuperar su libertad, o al menos aminorar sus sentencias.

La PGR tiene por costumbre convertir en testigos a integrantes del crimen organizado, aunque algunos han sido asesinados o se suicidaron.