El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) avaló la inexistencia del listado con los nombres de los jueces que –según afirmó el presidente Felipe Calderón– reciben dinero del crimen organizado y son fuente de impunidad.

En la sustanciación del recurso 5182/11, la Presidencia de la República precisó que el mandatario accede a fuentes de información de las cuales no se guarda registro.

Las llamadas telefónicas del Ejecutivo, por su especial naturaleza, no se documentan, como podría ser el caso de las que recibe o efectúa el presidente de la República con los miembros de su gabinete, o bien las conversaciones personales que realiza.

En junio pasado, durante el diálogo con el Movimiento contra la Violencia, que encabeza el poeta Javier Sicilia, Felipe Calderón acusó: Sí. Ya sé, en papeles manuscritos que no tienen valor probatorio pleno. Ya lo sé, ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben.

El ciudadano pidió los documentos que dieron sustento a esa y otras afirmaciones del mandatario mexicano en el Castillo de Chapultepec: He sabido de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales, y que liberan a criminales, pero mientras no tenga una prueba, o la procuradora no tenga una prueba, ese juez es juez, y ese ciudadano es ciudadano y además es inocente.

Sobre ese tema, la Presidencia afirmó que no tiene registro, ni documental ni en medios de comunicación. 

De hecho, no tiene registro de ninguna de las conversaciones que de manera personal pueda celebrar el titular del Ejecutivo federal, mediante las cuales pueda recibir y/o externar información que atienda al quehacer público y que no necesariamente están documentadas.

La secretaría particular de la Presidencia respondió así al ciudadano que pidió el listado con los nombres de los jueces que reciben dinero del crimen organizado, así como los juzgados y tribunales a que se encuentran adscritos.

En el recurso –a cargo de la ex comisionada María Marván, hoy consejera del Instituto Federal Electoral– el ciudadano se inconformó con la declaratoria de inexistencia y alegó que de ser cierta esa afirmación, desde las propias oficinas del presidente de México se estaría informando a los mexicanos que su presidente maneja información que carece de sustento.

En alegatos, el peticionario dijo: Existe un principio en materia jurídica que obliga a la persona que formula una acusación a presentar las pruebas que avalen su imputación.

La Presidencia reviró, ante el Ifai, que la declaración hecha por Calderón no fue parte de un proceso penal, por lo cual no tiene por qué existir un documento o registro que sustente lo declarado por el titular del Ejecutivo federal.

“La inexistencia del registro –insistió– no implica que no exista sustento” en las afirmaciones que hizo Calderón durante el diálogo con las víctimas de delitos en el país, y en mayo de 2008, cuando el presidente afirmó que los jueces fomentan la impunidad en el país. La Presidencia defendió también la libertad de expresión del mandatario federal.

Tras confirmar la inexistencia de los documentos del tema, el Ifai concluyó que la Presidencia acreditó haber realizado la búsqueda en la unidad administrativa competente, para dar respuesta precisa a la solicitud.