Buenos Aires, 26 de diciembre. Líderes opositores al gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, advirtieron hoy que impugnarán en la Suprema Corte de Justicia la ley aprobada el jueves pasado en el Senado que otorga al gobierno el control de la empresa Papel Prensa.

Para el dirigente de la Unión Cívica Radical, Óscar Aguad, la norma es ilegal porque el artículo 32 de la Constitución es taxativo y terminante: no se puede legislar en materia de prensa, dijo.

El diputado del Partido Justicialista Federal Francisco de Narváez denunció que la reforma intenta callar las bocas de los que pensamos distinto, por lo que acudirán a los tribunales para impedir que se concrete un nuevo ataque a la libertad de prensa.

Con esos argumentos, la oposición, que fue derrotada en la votación del Senado y de la Cámara de Diputados, buscará frenar la aplicación de una ley que modificará el sistema de producción, venta y distribución de papel de diarios en el país.

Papel Prensa, antes propiedad de Clarín y La Nación, tenía participación minoritaria del Estado, tras un acuerdo que los dos principales diarios del país sellaron con el dictador Jorge Rafael Videla a finales de la década de los años 70.

La batalla por la empresa estalló el año pasado, cuando la presidenta Cristina Fernández denunció que Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa de manera ilegal y propuso la transformación integral de la compañía.

Luego de ganar la relección y recuperar la mayoría oficialista en el Congreso, la mandataria logró que la legislación fuera aprobada en menos de dos semanas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En otro asunto, la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mostró su preocupación por la Ley Antiterrorista que el Congreso aprobó la semana pasada, pues consideró que en el país no hay terrorismo, y en cambio implicaría riesgo para las manifestaciones sociales y la actividad periodística.

La juez argentina María Servini de Cubría libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de ministros y jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Francisco Franco entre 1936 y 1977.

También pidió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas, así como del número de niños apropiados, dijo la agencia DyN.

La causa que adelanta la juez fue iniciada por un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, que permite investigar delitos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.