esde 2002 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC (Centro Vitoria) ha publicado cada año una investigación sobre el estado que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en México. Estos informes han dado cuenta de los avances, retrocesos y violaciones de los derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, los derechos laborales y el derecho humano al medio ambiente; y sobre cómo dicha situación impacta en grupos que por su condición son discriminados. Estos informes han incorporado igualmente como ejes de estudio las perspectivas de género y no discriminación, y su desagregación por algunos grupos socialmente más vulnerables.
Además de brindar un diagnóstico, el informe 2011 sistematiza este año algunas experiencias de las distintas luchas y movilizaciones de exigibilidad de esos seis derechos –de las que en algunas ocasiones el Centro Vitoria ha formado parte, acompañando y asesorando–, ya que ante un escenario en el que los tratados comerciales y acuerdos de inversión determinan las políticas y programas económicos y sociales, se abre una brecha entre el reconocimiento de los DESCA y su cumplimiento. En este panorama, la exigibilidad entonces se desarrolla como un proceso social y político con acciones de presión y persuasión encaminadas a transformar las condiciones en las que se ejercen tales derechos, y promueve al mismo tiempo la participación activa de toda la sociedad.
Por ello el informe señala entre sus principales resultados que en el derecho a la alimentación persiste el poco y eficaz apoyo a los productores nacionales, por lo que organizaciones campesinas, civiles y académicos integraron desde 2007 la campaña Sin maíz no hay país, para denunciar la crisis estructural que sufre el campo mexicano. Todo ello aunado al trabajo de muchos años para visibilizar las condiciones desiguales que enfrentan los productores nacionales en el contexto de los acuerdos comerciales, así como la pérdida de soberanía alimentaria del país y aspectos tan importantes como el uso de semillas transgénicas.
En cuestión de educación, se indica que en nuestro país, a pesar de que el promedio nacional de escolaridad es de 7.9 años, falta una visión de Estado sobre la importancia de este derecho como motor de nuestro desarrollo, por lo que las organizaciones civiles contribuyeron durante la visita del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación en 2010 con un informe alternativo, con el fin de visibilizar estas problemáticas. En cuanto a los derechos laborales, el informe señala que mientras existen 2 millones 481 mil 167 personas desempleadas –la tasa más alta de los pasados 15 años–, y un aumento de 28.9 por ciento del empleo informal durante 2011, PRI y PAN insisten en reformar la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio de los trabajadores. Al no verse cumplido este derecho fundamental, apremia la necesidad de exigirlo. Por ello resulta ejemplar la labor que las organizaciones sociales realizan para promoverlo y defenderlo.
Respecto del derecho a un medio ambiente sano, se ha desatado una preocupante conflictividad social. Sus principales violaciones derivan de la construcción de megaproyectos, como presas hidroeléctricas y mineras, por lo que la lucha se centra en la salvaguardia del territorio, la integridad de la tierra y los recursos naturales. Por lo que se refiere al derecho a la salud, la pobreza en la que viven millones de familias refleja los altos índices de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles y curables, que se complican debido a la carencia de atención oportuna. Por tal motivo hemos visto en los últimos años cómo las comunidades rurales, principalmente indígenas, han implementado distintas estrategias para exigir que el gobierno mexicano les garantice este derecho, como es el caso de la comunidad de Mininuma, y más recientemente de la comunidad de Xochiojca, Veracruz, que se organizaron para pedir a las autoridades centros de salud.
Por último, en materia del derecho a la vivienda, encontramos que la población cuyos ingresos económicos son escasos, ve limitadas o prácticamente anuladas sus posibilidades de adquirirla. Y que la construcción de vivienda popular o social es insuficiente para satisfacer la demanda de la gente. Ello no obstante, en apoyo a los grandes empresarios o a las inmobiliarias, las autoridades intentan despojar de su patrimonio a quienes con esfuerzo lo han construido, como en el caso de la Alianza Única del Valle y su defensa del Predio Guadalupe en el municipio de Naucalpan.
Encontramos, pues, un panorama en el que no se han adoptado las medidas necesarias para que toda la población pueda ver realizados sus DESCA. Las políticas sociales en su mayoría carecen además de perspectiva de derechos humanos desde su diseño. En consecuencia, los programas y acciones gubernamentales resultan insuficientes para hacerlos valer o los violentan. Los megaproyectos, que afectan tanto a comunidades urbanas como rurales, favorecen a las trasnacionales en perjuicio de la población. Por ello ésta se moviliza para defenderlos y exigir mecanismos de participación y de intervención en las decisiones que la afectan. Al tiempo que la ayuda de las organizaciones de derechos humanos visibiliza, denuncia, acompaña y sobre todo promueve entre diversos actores el enfoque de derechos humanos y la reparación de sus violaciones, contribuyendo así a construir una sociedad consciente de la titularidad de sus derechos.
