Con una tasa de desempleo en el sector rural superior a 20 por ciento, 26 millones de pobres y concentración de los programas con mayores recursos en mil 200 productores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa, concluye este año, asentó Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac).

Al realizar un balance de las políticas para el campo, expuso que es evidente el abandono del campesinado y la sobreprotección gubernamental hacia las grandes empresas y agricultores exitosos.

Creció la dependencia alimentaria, precarizó la economía campesina y las sequías, heladas y exceso de lluvias en diversos estados dejaron pérdidas de cosechas y un consecuente aumento de precios de la canasta básica. Se están rebasando los límites de descansar la salida de la crisis en los trabajadores, campesinos e indígenas.

Es evidente el fracaso de la política gubernamental: el programa especial concurrente se concentró en algunas regiones y algunos productores; rompieron cadenas alimentarias, como el sistema de la soya, debido a las importaciones; aumento de la inseguridad; violencia contra luchadores sociales; salarios reducidos e incrementos de los costos de producción lo revelan.

Durante los pasados 25 años la economía creció menos de 3 por ciento y este año no fue diferente, pues no se superó el modelo de no más de 2 por ciento anual. El crédito es caro y prácticamente inexistente en el sector rural, su costo es tres veces más caro que en Estados Unidos.

Destacó que hay investigaciones que alertan sobre la enorme concentración de los recursos para el campo en pocos productores. El 10 por ciento de los agricultores más grandes concentran 80 por ciento del programa ingreso objetivo; 60 por ciento de los subsidios energéticos e hídricos, 55 por ciento para el desarrollo rural y 45 por ciento del Procampo.

En el caso de los beneficios que reciben las grandes empresas, el dirigente mencionó, a manera de ejemplo, que hace tres años se destinaron alrededor de mil millones de pesos a Cargill, Minsa, Bachoco, ADM México y Compañía Nacional Almacenadora, subsidiaria de Maseca Gruma.

Esto no cambió en 2011 ni se pretende modificar para el próximo año ya que los programas para apuntalar la comercialización de los productos agropecuarios siguen teniendo un fuerte peso en el PEC.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas al PEC de la Cámara de Diputados sostuvo que la afirmación gubernamental de que en esta administración se ha aprobado el gasto rural más alto de la historia es “una falacia.

El gasto real entre 1990 y 2010 pasó de 402 mil millones de pesos a 269 mil millones (a pesos de 2002), es decir, hay una caída de 33 por ciento que no se recuperará con los 305 mil millones de pesos de presupuesto para 2012.

Advirtió que la solución no es reducir el gasto social y aumentar, como algunos sugieren, el gasto hacia lo productivo. Eso no es garantía de crecimiento, pues los gastos se han orientado a bienes privados. Seguir sacrificando a la población más pobre y cargar sobre su espalda las fallas de los mercados y la falta de astucia de los dirigentes del neoliberalismo es arriesgar la estabilidad social.