La disfuncionalidad, apatía y falta de compromiso con las víctimas que muestra la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos en el país puede terminar convirtiéndolas no sólo en elefantes blancos, sino también en cómplices de abusos, advirtieron activistas de organizaciones independientes, a propósito del informe dado a conocer el miércoles pasado sobre este tema por la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Jorge Fernández, encargado del área de defensa integral del colectivo Indignación –con sede en la comunidad de Chablekal, Yucatán–, señaló en entrevista con La Jornada que la comisión de derechos humanos de la entidad se ha caracterizado por no hacer labor de confrontación con las autoridades, ni documentrn agravios contra la ciudadanía, como le correspondería hacer.

Hemos denunciado casos de tortura, pero ellos los recatalogan. Además, sus recomendaciones son totalmente vacuas, no exigen medidas de reparación del daño, ni castigo a los responsables ni garantías de no repetición. Cuando llegan a emitir alguna, es luego de uno o dos años de que ocurrió una violación a las garantías individuales, y para entonces ya es irreparable, lamentó.

En este escenario, lo menos grave es que terminen siendo elefantes blancos, porque en el peor de los casos se han vuelto cómplices de los abusos, avalándolos por inacción.

En el caso de Yucatán, la comisión estatal no ha emitido recomendaciones por el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, y se negó con argumentos eclesiales a emitir una acción de inconstitucionalidad por las reformas contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, recordó.

Por separado, Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), asentada en Monterrey, indicó que la comisión estatal de Nuevo León hace mucha publicidad de los cursos que imparte a policías y estudiantes, pero ante problemas tan graves como las 60 muertes en penales que hemos documentado este año, los 128 casos de desaparición forzada y los actos sistemáticos de tortura, ni una palabra.

Aunque admitió que no conoce los detalles de la labor del actual ombudsman de la entidad, porque simplemente no hay información sobre ella, la religiosa afirmó que en los 18 años de existencia de Cadhac, sólo uno de los titulares de la comisión estatal de derechos humanos se atrevió a alzar la voz ante los abusos de un grupo de policías ministeriales, y le fue muy mal.

Ambos activistas coincidieron en que, para adoptar un rol verdaderamente activo, los organismos públicos de derechos humanos deben tener una autonomía real frente al Ejecutivo y el Legislativo locales, nombrar como titular a un personaje con capacidad y experiencia en la materia, e iniciar una relación más cercana con los diversos sectores de la sociedad civil.