Nueva York, 21 de diciembre. Al cumplirse el 14 aniversario de la masacre de 45 civiles en Acteal, Chiapas, y después de las denuncias y expresiones de protesta de las principales organizaciones de derechos humanos internacionales durante los años recientes, ahora el caso está presente mediante una demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y, por otro lado, la presunta responsabilidad del Estado mexicano continúa bajo una investigación de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A principios de enero de 2012 Zedillo responderá por primera vez a la demanda civil en su contra por crímenes contra la humanidad, entre otras acusaciones, presentada ante un tribunal federal en el estado de Connecticut, en un proceso judicial que podría durar meses.

Abogados de las partes del litigio informaron a La Jornada esta semana que el caso procede y cada una prepara sus estrategias. La primera fase concluye el 6 de enero (fin del plazo para una respuesta inicial de Zedillo) y a partir de ahí un juez determinará los siguientes pasos.

El abogado de los demandantes, Roger Kobert, indicó que existen pocos precedentes para casos civiles de este tipo, pero si existen las circunstancias necesarias se puede hacer, y creemos que aquí tenemos esas circunstancias, los elementos necesarios para que este caso se sostenga.

Todo empezó de manera sorpresiva cuando, tal vez en la primera vez que un ex mandatario mexicano es demandado en el extranjero por un asunto de derechos humanos, el 16 de septiembre se presentó una demanda civil contra Zedillo por 10 víctimas del ataque (sobrevivientes y/o familiares de los muertos) contra la agrupación Las Abejas en Acteal, cuando el acusado despachaba en Los Pinos.

En la demanda, de 53 páginas, se acusa a Zedillo de conspiración para encubrir su vínculo o responsabilidad por la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en violación de leyes nacionales e internacionales, y busca el pago de hasta decenas de millones de dólares por daños compensatorios y punitivos.

Se argumenta que el acusado Zedillo sabía o debería haber sabido que sus subordinados estaban cometiendo abusos de derechos humanos, y falló en prevenirlos o castigar a los responsables. (Revisar la demanda).

La demanda provocó sorpresa y llamó la atención en Estados Unidos por el perfil relativamente alto de Ernesto Zedillo en los ámbitos académicos (como profesor y director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale), empresariales y de relaciones internacionales (en proyectos de la Organización de Naciones Unidas, en comisiones sobre la despenalización de drogas, etcétera). Varios medios nacionales y algunos locales destacaron la nota.

Inmediatamente después de que se presentó la demanda, Ernesto Zedillo rechazó los cargos y sembró dudas sobre la posible motivación detrás de ésta.

En un correo electrónico enviado al Yale Daily News en septiembre pasado, el ex presidente mexicano calificó las acusaciones de infames e irresponsables y afirmó que carecen totalmente de bases y son obviamente falsas. Cualquier persona que se atreva a verificar los hechos concluirá que ésta es una calumnia fabricada por razones que desconozco.

Además, en carta enviada a la agencia Ap en las mismas fechas, Zedillo calificó las acusaciones de calumnias y afirmó: es obvio para mí que quien esté detrás de esta demanda no está de verdad buscando justicia para la gente inocente cuyas vidas fueron tan dolorosamente devastadas por ese crimen atroz.

En otra carta, dirigida al Hartford Advocate, rotativo local de Connecticut, Zedillo aseguró que el gobierno mexicano nunca empleó paramilitares para reprimir y bajo ninguna circunstancia aceptaría la existencia de grupos fuera de la ley para resolver argumentos o conflictos, y reiteró que las acusaciones son falsas.

Mientras tanto, Zedillo contrató un abogado privado, ya que la demanda no tiene ninguna relación con la Universidad de Yale, informó la institución.

Desde la presentación de la demanda se han generado cada vez más especulaciones y tensiones sobre sus orígenes.

Esta semana, el abogado de Zedillo, Jonathan Freiman, dijo a La Jornada que por el momento no podía comentar nada sobre el caso de manera pública, ya que se estaba preparando la respuesta a la demanda, pero cuando se presentó ésta declaró al Yale Daily News que el caso es claramente político.

Nutriendo la especulación sobre quién estaba promoviendo el caso, en septiembre y de nuevo a principios de octubre, Las Abejas se deslindaron de esa demanda, reiteraron que ninguno de sus integrantes participa en ella y criticaron que el caso parecía motivado más por dinero y política que por interés en la justicia.

La especulación se incrementó porque los 10 demandantes han solicitado el anonimato, argumentando su seguridad personal y temor a represalias de simpatizantes de Zedillo, del PRI, y de los paramilitares (según se afirma en la demanda), y porque no se ha aclarado quién contrató al bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess en Miami, que más bien se dedica a casos empresariales y de daños comerciales o personales, ni quién está pagando los costos legales.

Kobert, el abogado de los demandantes, afirmó hoy a La Jornada que las decisiones de sus clientes son privadas, y ante las sugerencias de Zedillo y su abogado de una motivación política detrás del caso, respondió que si alguien te está responsabilizando de cometer atrocidades, tal vez la mejor cosa que hacer es intentar cambiar el tema, ¿no?

Agregó que no conoce ni tiene relaciones con nadie de la esfera política mexicana. Reconoció que en este caso sus clientes, obviamente, son indígenas sin recursos que no pueden pagar los costos legales, y que su bufete decidió que el caso era de su interés y, por primera vez, indicó, los costos serán recuperados con un porcentaje del pago de los daños que la demanda solicita, algo que es práctica común en Estados Unidos en casos de este tipo, si es que tiene éxito.

La acusación se presentó ante el tribunal distrital bajo dos leyes (Alien Tort Claims Act y Torture Victim Protection Act) que permiten que los demandantes presenten demandas civiles sobre ciertas violaciones de leyes internacionales en Estados Unidos, aun si no fueron cometidas aquí o si el acusado no es ciudadano estadunidense.

Por otra parte, el caso contra el gobierno de México por la masacre de Acteal presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue admitida en 2010, y por ese motivo se abrió una investigación con la cual esa instancia estudia a fondo los méritos del caso, informó hoy a La Jornada María Isabel Rivero, jefa de comunicación social del organismo.

El estudio terminará con la elaboración de un informe, aunque no existe plazo para su conclusión. Ese reporte es presentado tanto al Estado como a los demandantes y, por lo general, incluye recomendaciones para reparar la situación.