Los cuatro servidores públicos propuestos por el gobierno de Marcelo Ebrard para ser magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) fueron cuestionados por diputados locales de PRD, PRI y PAN, quienes los calificaron de subordinados e incluso fueron exhibidos no sólo por su desconocimiento de la ley en la materia, sino por haber participado en el polémico tema de la Supervía Poniente, asunto que dirime el órgano autónomo.

Jesus Anlen Alemán, Adolfo Arenas, Jorge Antonio Martínez y Fernando Ríos Zertuche se presentaron ante los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa para exponer sus conocimientos en cuanto a las funciones que tiene el TCADF, órgano encargado de dirimir las controversias entre los ciudadanos y el gobierno de esta capital.

Sin embargo, las cosas les salieron mal y todos fueron criticados por sus antecedentes como funcionarios públicos, pues eso no garantiza la imparcialidad en ese tribunal.

Lizbeth Rosas, del PRD, y Carlo Fabián Pizano, del PAN, nunca encontraron respuesta a sus preguntas: ¿Cómo garantizar su actuar imparcial en el tribunal? Y ¿Desde cuando surgió su interés de ser magistrado en el Contencioso?

Más aún, Río Zertuche titubeó y nuca contestó con seguridad al panista en cuanto al plazo que se tiene para presentar un recurso de revisión. En el caso de Adolfo Arenas, tuvo que reconocer públicamente que participó en las expropiaciones de terrenos para construir la supervía y con el pago de las indemnizaciones. Los cuatro fueron calificados de inelegibles

Por otra parte, organizaciones civiles exhortaron a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a rechazar las propuestas que envió el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

La red Todos los derechos para todas y todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Poder del Consumidor, entre otras organizaciones, en una carta señalan que ante el conflicto de interés que representan los candidatos, se solicite a la administración local una segunda propuesta que provenga del ámbito académico y que cuenten con incuestionable integridad y probada independencia.