Los gobiernos estatales impulsarán la tipificación de la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en sus códigos penales, y para investigar esos delitos crearán unidades de inteligencia patrimonial y económica, similares a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El gobierno federal ya presupuestó para 2012 la entrega de 8 millones de pesos por entidad federativa para el equipamiento e infraestructura de las unidades en los 31 estados. Se estima un costo total de 248 millones de pesos para la instalación de éstas, mismas que se encargarán de la integración, evaluación y vinculación con otras instancias.

Lo anterior forma parte de los compromisos que los gobernadores han adoptado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para el combate a los grupos criminales y para afectar sus finanzas y operatividad. Otro es dotar de eficacia a las instituciones en la persecución de los delitos.

La Jornada posee copia de los acuerdos alcanzados por los mandatarios estatales y el gobierno federal para instrumentar políticas que disminuyan los índices delictivos, principalmente los llamados ilícitos de alto impacto, como secuestro, homicidio, robo y extorsión. En el documento se muestran las fechas en que cada convenio deberá operar.

Por lo que respecta a la puesta en marcha de instancias y leyes que combatan el lavado de dinero, se menciona que a más tardar en diciembre de 2012 cada estado deberá haber logrado que su Congreso apruebe la tipificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, conforme a los tipos penales modelo propuestos para tal efecto por la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, las entidades federativas deberán incluir en las reformas legales que para tal efecto se realicen las técnicas de investigación propicias y se podrán habilitar mecanismos mediante los cuales podrán acceder a beneficios económicos producto de los bienes incautados a la delincuencia mediante mecanismos de abandono o extinción de dominio.

Para que los gobiernos estatales tengan eficacia en la persecución de los delitos que se estipulen, establecerán o fortalecerán una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica por entidad, conforme al modelo que para tal efecto desarrolle la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la PGR, y de acuerdo con los recursos que para tal efecto aporten los estados y la Federación.

Entre sus atribuciones, la Unidad de Inteligencia Financiera federal se encarga de recibir y supervisar las operaciones de cuentahabientes que se consideren sospechosos de alguna activida ilícita.