a constructora española Sacyr Vallehermoso anunció ayer la cancelación del pacto de sindicación suscrito a finales de agosto con Petróleos Mexicanos (Pemex), que condicionaba a ambas empresas a votar de manera conjunta en el consejo de administración de Repsol. En un comunicado, la petrolera española informó su decisión de comprar la mitad de las acciones de Sacyr (equivalente a 10 por ciento del total) y ofreció a Pemex realizar un nuevo convenio industrial para maximizar las oportunidades de colaboración conjunta, además de ciertas medidas que le darían un mayor peso en el gobierno corporativo de la empresa.

Debe recordarse que la suscripción del citado pacto tuvo como correlato el incremento en la participación accionaria de Pemex en Repsol, de 4.8 a 9.8 por ciento, con lo que la paraestatal y Sacyr rozaban, en conjunto, 30 por ciento de los títulos de la energética española. La operación –valuada en unos mil 300 millones de euros– suscitó desde un inicio críticas severas tanto en México como en España, no sólo porque se interpretó como una maniobra de la paraestatal dirigida por Juan José Suárez Coppel para ayudar al director de Sacyr, Luis del Rivero –a la postre señalado como responsable por el deficiente desempeño financiero de la constructora y destituido de su presidencia–, a hacerse del control de Repsol, sino también por la opacidad con que se efectuó: como informó en su momento este diario, el director general de Pemex omitió informar al consejo de administración de la paraestatal sobre la medida, con el argumento de que ese tipo de acciones no deben anunciarse antes de realizarse. Por añadidura, la operación quedó al margen de la supervisión de las autoridades mexicanas, toda vez que se realizó mediante una empresa filial de Pemex –PMI Holdings VB– establecida en Holanda y regulada por las leyes de ese país, según informó la propia dirección de la paraestatal.

Pero acaso el punto más cuestionable de la adquisición accionaria haya sido que, con ella, la administración de Pemex actuó en contra de los intereses de la paraestatal e incluso de las posturas del actual gobierno en materia petrolera: si es verdad, como ha insistido en reiteradas ocasiones la actual administración, que Pemex es una compañía en gravísimos problemas financieros y que carece de recursos suficientes para invertir en rubros estratégicos, como la exploración, la explotación y la refinación, cabe preguntarse por qué invertir un monto equivalente a más de 23 mil millones de pesos en la referida compra accionaria en vez de invertirlos en la compañía mexicana. Si el desempeño del calderonismo en materia petrolera se ha caracterizado por sus intentos de abrir Pemex a la inversión privada, particularmente extranjera, ¿para qué adquirir acciones de una petrolera trasnacional?

Hasta ahora, lo único que queda claro a raíz de la maniobra referida es que, con ella, la administración de Suárez Coppel colocó a la paraestatal, en forma indebida, en medio de una disputa entre capitanes de empresa y condicionó sus decisiones a los intereses de uno de los bandos. Fuera de eso, las autoridades nacionales han sido omisas en dar explicaciones coherentes sobre las causas que las llevaron a adoptar esa medida. Ante tal discrecionalidad, y frente al ofrecimiento lanzado por Repsol a Pemex de ampliar la participación de la segunda en la primera, es necesario que la sociedad demande a las autoridades un mayor control y transparencia en el manejo de los recursos de la paraestatal: éstos, a fin de cuentas, provienen de la explotación del patrimonio nacional; la información en torno a su manejo compete, por tanto, a todos los mexicanos.