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Suspenden aplicarla hasta que la Suprema Corte llegue a una definición

Aplaza tribunal federal la entrada en vigor de la ley antimigratoria en Carolina del Sur
 
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de diciembre de 2011, p. 26

Washington, 20 de diciembre. Una corte federal de Estados Unidos determinó este martes aplazar la entrada en vigor de una rigurosa ley migratoria en Carolina del Sur.

Tras analizar los argumentos de los grupos en favor y en contra del proyecto, la magistratura decidió rechazar una petición del fiscal estatal Alan Wilson para que se aplique la regulación, mientras la Suprema Corte llega a una definición.

El tribunal federal se comprometió a anunciar su veredicto antes del primero de enero de 2012, cuando debe implementarse el proyecto legal, ampliamente criticado por la población.

Unos 200 activistas se concentraron en una plaza cercana a la corte federal para manifestarse pacíficamente y exigir la desaprobación de los estatutos.

El documento, firmado por la gobernadora Nikki Haley el 27 de junio pasado, otorga facultades a los policías para cuestionar el estado migratorio de cualquier persona, sin necesidad de presentar una razón específica. También podrán investigar el estatus migratorio de detenidos por otras infracciones.

La ley también crea una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, compuesta por 12 funcionarios, iniciativa considerada única en su tipo en todo el país.

Asimismo, se tipifica como delito mayor la falsificación de documentos o no portar identificaciones oficiales, y dichas faltas podrán ser penalizadas con multas de hasta 25 mil dólares o cinco años de prisión. También se prevé castigar a personas o instituciones que ofrezcan asistencia o albergue a los indocumentados.

La propuesta, similar en rigor a las de Alabama y Arizona, fue denunciada el mes pasado por organizaciones comunitarias, religiosas, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Departamento de Justicia, que presentaron demandas, por separado, contra su aplicación.

A juicio de esas instancias, las medidas son discriminatorias, inconstitucionales e interfieren con el gobierno federal.