César Cerisola Trejo, uno de los abogados que llevan la defensa del ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, sostiene: Vamos a ganar todos y cada uno de los cinco procesos que se han abierto al ex mandatario estatal. Ninguno de ellos tiene sustento. No se sostienen, no han probado ninguna acusación, sostuvo.

Primeramente, refiere Cerisola, se le dicta una orden de aprehensión por varios delitos: por peculado, ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, asociación delictuosa. Todo esto deriva de la contratación de un seguro que hizo la administración de Pablo Salazar, por un costo de 100 o 104 millones de pesos.

La defensa del ex gobernador sostiene: Demostramos que la contratación de un seguro pasó por todos los filtros necesarios; no obstante, le dictan auto de formal prisión. El seguro se adquirió para 60 funcionarios, y la orden de aprehensión es contra Salazar Mendiguchía y 53 funcionarios más. ¿Por qué no los 60?, porque algunos son funcionarios de la actual administración y otros son los acusadores.

Todo empezó por una “denuncia anónima. Durante varios meses estuvo estancada y se reactivó cuando el ex gobernador, en una entrevista, denunció que se metió a su oficina un comando armado a robar una serie de folletos sobre el tema del huracán Stan y responsabilizó al gobierno de Juan Sabines”.

En entrevista en su despacho, Cerisola dice: Nos dimos cuenta que en un par de horas, lo cual es muy difícil, se emitió una orden de aprehensión de 100 hojas, de un expediente de 21 tomos. Aquí nos empezamos a dar cuenta de las irregularidades.

–¿Cuántas irregularidades detectaron en los procesos?

–Los procesos están plagados de irregularidades. No nos permiten ofrecer pruebas, no nos dejaron ver las primeras órdenes de aprehensión, la comunicación con nuestro cliente es complicada, nunca es privada; hay violaciones constitucionales, procesales, de derechos humanos.

–¿Qué pasó con el tema de los seguros contratados?, ¿sobre el asunto del peculado?

–El ex gobernador no tiene ninguna responsabilidad en la compra de los seguros. No se desviaron recursos, había una partida destinada para ello. La contratación se apegó al normatividad. Lo que sucede es que al término de la vigencia del seguro, éstos tenían una cláusula, que señalaba que si no se hacía uso de esos seguros, se les iba a reembolsar una cantidad de dinero.

–¿Cuánto les devolvieron?

–Ochenta millones de pesos para los 60 funcionarios.

–¿Se quedaron con el dinero?

–Sí, eso no es delito. No hay ninguna ley o normatividad que los obligue a devolver ese dinero, que o son recursos públicos, sino de patrimonio de la aseguradora.

–¿Los seguros se pagaron con recursos públicos o privados?

–Públicos, pero no hay ninguna obligación de devolver el plus que tenía el seguro en caso de no usarse.

–¿Es o no delito quedarse con lo que devolvió el seguro, si se pagaron con recursos públicos?

–No es delito, en todo caso, es una inmoralidad. Pero como abogados no nos toca juzgar si es moral o inmoral.

–¿En el caso de los homicidios de bebés?

(Se trata de los bebés que murieron en el Hospital de Comitán, en diciembre de 2002 y responsabilizan a Pablo Salazar, por ser garante y por no destinar los recursos suficientes al nosocomio)

–Eso es falso, Salazar Mendiguchía no tenía la calidad de garante, en todo caso, eran los médicos los garantes. Y por lo que hace a los recursos, sí se destinaron los fondos que se tenían para el hospital. Eso está comprobado. Incluso hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema, y dice que en 8 casos hubo responsabilidad de los médicos que no proporcionaron el servicio adecuado. En 27 no hay responsabilidad atribuible al hospital, murieron por las condiciones que rodearon su nacimiento: eran prematuras.

–¿Y en el caso de operaciones con dinero de procedencia ilícita y asociación delictuosa?

–Nada han probado.

Los abogados Ilán Katz y Cerisola señalan: hay una intensión desde el gobierno de castigar al ex mandatario. Aseguran: “Salazar Mendiguchía es inocente.