El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) hace todo y más con tal de no transparentar el uso de recursos públicos de que dispone para operar y financiar los proyectos de organizaciones civiles para prevenir la transmisión de la enfermedad, afirmaron activistas.

Al menos así lo demuestra el hecho de que la solicitud de datos presentada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) el 9 de marzo de 2011 se resolvió apenas el pasado 16 de noviembre en última instancia, luego de que el Censida adujo que carecía de ésta.

Después, por la supuesta dificultad para fotocopiar más de 40 mil hojas que atienden la petición y a pesar de que el costo corre por cuenta del peticionario, le ofreció que acudiera a consultar in situ las carpetas con los archivos de los 475 proyectos de organizaciones civiles financiados por el Censida de 2006 a 2010 para realizar labores de prevención en grupos poblacionales específicos.

Para los activistas, el tema es relevante por las controversias que han existido en torno a las convocatorias anuales del Censida y los proyectos seleccionados. Incluso, por los señalamientos que hace unos meses hizo el director del organismo, José Antonio Izazola, sobre supuestas deficiencias de las agrupaciones a la hora de comprobar sus gastos y garantizar el cumplimiento de objetivos, principalmente de 2006 a 2008.

En la resolución del recurso de revisión interpuesto por el ciudadano, el Ifai determinó que la consulta in situ no procede. El Censida debe fotocopiar los archivos y borrar los datos confidenciales que ahí aparecen. El organismo también determinó que con dichas carpetas se atiende la petición de acceder a los reportes de evaluación y supervisión de los proyectos financiados, así como de sus resultados, lo cual, el Censida, había dicho que no tenía.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), también había manifestado que carecía de facultades para efectuar trabajos de auditoría y fiscalización a las agrupaciones civiles. Pero luego de una exhaustiva revisión de leyes y reglamentos de la Ssa, la comisionada Jacqueline Peschard concluyó que el Censida sí tiene esa facultad y de hecho la ejerce con la petición de reportes que exige a las organizaciones beneficiadas.

En su resolución, Peschard dio al consejo 10 días hábiles, que ya vencieron, para cumplir el mandato. La información aún no ha sido entregada.

Otro caso es el de la petición para que el director del Censida, José Antonio Izazola, comunique sobre los viajes nacionales e internacionales que ha realizado, el monto de los gastos y el detalle sobre si ese dinero es del Censida o de fuentes externas. También le pidieron los datos sobre los resultados obtenidos, alcances y logros de cada salida.

En su respuesta, Izazola ofreció al solicitante que consulte in situ las seis carpetas en que se encuentra esa información. Respecto de los viajes cubiertos con recursos externos, su procedencia y mecanismo de entrega, se declara inexistente por no ser del orden público.

La persona que pidió los datos ya interpuso el recurso de revisión, pues considera inaceptable que un servidor público pretenda mantener en secreto el origen de recursos de fuentes externas y el uso que les da.

Tampoco es aceptable la respuesta de que el ciudadano deba acudir a la oficina de enlace de la Ssa para acceder a la información y más por la experiencia de otro activista, que cuando se puso en contacto con la persona comisionada para atenderlo en la dependencia por otra petición de información le indicó que requiere hacer cita para acudir sólo un día y en horario de 10 a 13 horas.