Desde ex funcionarios de alto nivel hasta policías de a pie han sido cooptados por agencias estadunidenses, principalmente por la encargada del combate antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación confirmaron a La Jornada que han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.

Las fuentes consultadas, las cuales solicitaron el anonimato, ya que han sido parte de los equipos que participaron en reuniones de representantes de México y Estados Unidos en negociaciones de acuerdos como la Iniciativa Mérida y la infiltración de agentes en organizaciones criminales, revelaron que no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadunidenses en combinación con sus ex compañeros, lo que ya está siendo investigado en la averiguación previa en la que se indaga si la DEA ha lavado dinero de grupos criminales mexicanos en territorio nacional sin conocimiento de las autoridades del país.

Los ex servidores públicos y ahora informantes estadunidenses actúan como si se tratara de funcionarios consulares, pues una de sus bases se localiza en la propia embajada estadunidense; otras oficinas están en Reforma 265, y la más importante abarca un piso completo de un hotel que se ubica en la glorieta del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con la información obtenida, las agencias estadunidenses han ofrecido empleo como informantes y a la vez como conseguidores de información en áreas como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), instancia de la PGR que tiene bajo su responsabilidad las investigaciones más sensibles en materia de crimen organizado; por ejemplo, el caso del empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, quien se encuentra sujeto a un proceso de extradición en Estados Unidos, o la integración de expedientes contra los hermanos Beltrán Leyva o la familia Zambada Niebla (hijos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa).

Los entrevistados señalaron que los ahora servidores de DEA, ICE y ATF han sido detectados en instalaciones como el Centro de Mando de la Policía Federal o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y luego dirigir sus pasos a la embajada estadunidense o a las instalaciones que tienen en Paseo de la Reforma 265, donde oficialmente se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida.

Las autoridades entrevistadas reiteraron lo que este diario publicó en agosto pasado: en realidad, es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses que por actuaciones mexicanas, pero agregaron que, al igual que en las instalaciones del mencionado hotel, solamente se permite el acceso a los más selectos informantes o funcionarios.

En el caso de las instalaciones del hotel de la glorieta del Ángel de la Independencia, de los funcionarios entrevistados sólo algunos reconocieron haber ingresado al sitio: un piso completo que a simple vista parece una zona de suites, al cual solamente se accede con una llave por el elevador. Las fuentes detallaron que dentro de las instalaciones, las cuales son vigiladas por agentes estadunidenses, hay equipos de cómputo, vigilancia e intercepción telefónica, y en el lugar se reciben y envían de manera electrónica los cables sensibles de las operaciones en territorio mexicano.

La contratación de agentes y funcionarios mexicanos no es una situación reciente, pero ahora es más visible porque en algunos casos se ostentan como colaboradores; inclusive llegan a presumir que ahora tienen horarios más cortos y se enfocan a casos concretos, dijeron los entrevistados.

Asimismo, indicaron que en una reunión de alto nivel, funcionarios mexicanos reclamaron abiertamente a los representantes de agencias estadunidenses que en zonas como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, los agentes federales trabajaran para ellos y no cumplieran con sus responsabilidades, y se pidió que no los cooptaran, pero la situación ha continuado.

En ese contexto, aunque los agentes estadunidenses no suman más de 200 en todo el país, las autoridades mexicanas no conocen el número de informantes que han contratado, ya que inclusive se ha detectado que algunos que fueron detenidos como delincuentes colaboraban con alguna agencia, sobre todo en la frontera norte.

En agosto pasado, La Jornada informó que hay funcionarios locales que participan en las investigaciones y en el intercambio de información, además de que realizan labores de inteligencia, pero que son sometidos a exámenes de confianza por los estadunidenses, cuya evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.

Asimismo, que cuando las agencias estadunidenses quieren una captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus números telefónicos, los domicilios a que acude, como ocurrió en el caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 15 de diciembre de 2009.

Una muestra pública reciente de la operación de estas agencias en territorio nacional –indicaron los entrevistados– fue lo sucedido en San Luis Potosí en febrero de este año, cuando el agente Jaime Zapata, de ICE, fue asesinado por integrantes de Los Zetas, luego de sostener una reunión con uno de sus informantes.