os ataques gubernamentales contra las normales rurales se iniciaron justamente en la de Ayotzinapa el 2 de abril (vaya fecha escogida) de 1941 por Manuel Ávila Camacho, presidente rectificador de Cárdenas, y Luis Sánchez Pontón, su secretario de Educación.

La gran calumnia contra Ayotzinapa, como la llamó el profesor Hipólito Cárdenas, autor de un libro alusivo, consistió en inventar faltas a la autoridad y ultrajes a la bandera nacional, inculpando falsamente a los normalistas de haber sustituido el lábaro patrio por la bandera rojinegra de su huelga estudiantil.

Numerosos alumnos fueron detenidos y acusados de asociación delictuosa, delitos contra la autoridad y ultrajes a la bandera. Las autoridades democráticas, comenzando por el profesor Cárdenas, fueron cesadas y hostilizadas. Se suprimió el consejo técnico, instrumento democrático, y se impuso la separación de las escuelas regionales campesinas de las normales rurales, mutilando así un modelo educativo popular y avanzado.

El caso Ayotzinapa exhibió la ilegalidad del Poder Ejecutivo, la postración del Legislativo y la corrupción extrema del Judicial. El STERM (antecesor del SNTE) dio un giro a la derecha y la izquierda oficialista de entonces (Lombardo Toledano) también se doblegó. Ayotzinapa fue un laboratorio para abrirle cauce a la prensa como un cuarto poder vendido.

Díaz Ordaz dio otro severo golpe a las normales rurales al suprimir el internado para el ciclo secundario y convertir 50 por ciento de ellas en técnicas agropecuarias, sin las prestaciones de las primeras.

Ante las agresiones de Fox (El Mexe, Hidalgo) y Calderón-Aguirre (Ayotzinapa), apoyo total a la movilización del 19 de diciembre en defensa de Ayotzinapa y las normales rurales.