egún información obtenida por La Jornada, y confirmada por mandos de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Secretaría de Gobernación, diversos ex funcionarios mexicanos de distinto nivel en materia de seguridad e inteligencia han sido contratados como informantes por la dependencia estadunidense de combate a las drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y por el Servicio de Inmigración y Administración de Aduanas (ICE) del gobierno de Washington, y no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadunidenses, en combinación con sus ex compañeros.

Ciertamente, no cabe llamarse a sorpresa por la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país –y la aceptación de ella por el gobierno federal mexicano–, pues desde hace meses ha sido documentada de diversas formas: desde la operación en territorio nacional de aviones no tripulados del Pentágono, hasta la incursión reciente de militares estadunidenses en Matamoros –donde al parecer sostuvieron una reunión con mandos castrenses mexicanos–, pasando por la operación de agentes antinarcóticos en el país y las presiones ejercidas por legisladores estadunidenses para tratar el fenómeno del narcotráfico como una insurgencia terrorista.

Sin embargo, si algo se confirma a partir de la información referida es el enorme grado de vulnerabilidad en que se encuentra México frente al vecino del norte, habida cuenta de que las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y soberanía nacionales están, según puede verse, infiltradas no sólo por las organizaciones delictivas, sino también, presumiblemente, por un gobierno extranjero.

Si la presencia de agentes foráneos en el país representa un grave riesgo para éste y su población –recuérdese, por ejemplo, la cadena de atropellos y humillaciones que derivó del asesinato, en México, del efectivo encubierto de la DEA Enrique Kiki Camarena, a mediados de los 80–, la contratación de funcionarios y ex funcionarios nacionales como informantes de agencias estadunidenses no es menos peligrosa, pues refleja una virtual anulación del gobierno mexicano frente al de Washington.

Por añadidura, el hecho de que ese gobierno esté en posibilidad de acceder, vía sus subordinados mexicanos, a información y trato privilegiados en materia de seguridad nacional es doblemente preocupante: por un lado, porque a lo largo de la historia la principal amenaza a la seguridad y la soberanía nacionales ha provenido, precisamente, de Estados Unidos, y porque a últimas fechas ha quedado de manifiesto la doble moral de Washington al ofrecer, con una mano, su asistencia en el combate a las organizaciones delictivas, y al desempeñarse, con la otra, como cómplice de éstas, ya sea abasteciéndolas de armas o facilitando e incluso practicando el lavado masivo de dinero en entidades financieras.

Ante la información revelada en estas páginas, es menester que las autoridades mexicanas esclarezcan una situación que es a todas luces irregular y peligrosa, y hagan algo para evitar que funcionarios y ex funcionarios públicos sirvan a un régimen foráneo que, para colmo, se ha desempeñado como un aliado poco confiable y como un potenciador de la violencia que azota el país y del desmoronamiento de su paz pública.