Expresa su consternación por el uso de la fuerza contra normalistas de Ayotzinapa
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Sábado 17 de diciembre de 2011, p. 35
Las agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en México condenaron ayer y expresaron su consternación por el excesivo y violento uso de la fuerza contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, e hicieron un llamado al Estado mexicano para generar espacios de diálogo y comunicación respetuosos y positivos entre los alumnos y las autoridades, a fin de buscar solución a las demandas de los primeros.
En un comunicado, señalaron que en ese proceso se deben garantizar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, protesta social, así como a la seguridad personal y a la integridad.
Pidieron a las autoridades competentes del Estado mexicano investigar diligentemente y de manera seria, completa e imparcial estos lamentables hechos, a fin de deslindar todas las responsabilidades, identificar y procesar a los autores materiales, así como reparar integralmente el daño.
El SNU reiteró su apoyo y disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, particularmente de las y los jóvenes en situación de marginación y pobreza.
Recordó que México ha suscrito diversas convenciones y acuerdos internacionales, como el Programa de Acción Mundial para Jóvenes, y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en los que se establecen compromisos de los estados para llevar adelante políticas que mejoren la situación de los jóvenes, además de promover su participación y su contribución a las tareas del desarrollo humano y sostenible. Para ello, el acceso a una educación de calidad es un factor clave, subrayó.
Dada la situación en las tendencias de población en México, donde las personas jóvenes de entre 15 y 24 años de edad superan los 20 millones, agregó que es fundamental adoptar políticas y programas públicos que reconozcan a los jóvenes como actores clave del desarrollo y que respondan a las necesidades y a los derechos de las juventudes en materia de acceso a la salud, la educación, el empleo y la participación social.