a multiplicación de las acusaciones y señalamientos al gobierno panista por los crímenes de Estado cometidos en los pasados cinco años ha cogido desprevenido a Felipe Calderón al iniciar su último año de gobierno, y no parece acertar a otra cosa más que a asumir una actitud defensiva para invocar su irresponsabilidad por lo acontecido, arrojar a otros las culpas, manifestar su desconocimiento sobre muchos de los aspectos de su “guerra contra el narco” y clamar una y otra vez que él es el representante de las fuerzas del bien que luchan contra el mal.

1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración –que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.

2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al crimen organizado, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.

3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó ayer un plan de contrainsurgencia para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.

4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los últimos años? ¿Las fuerzas del mal, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?

5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último, lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando en la “guerra contra el narco”.

6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido durante su guerra contra el crimen organizado, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y no la regla (La Jornada, 9 de diciembre).

7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal y por el hecho de que en el convenio de Guerrero Seguro, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.

8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla también en el poder público.

9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada (11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo Castro y Castro, ligado a los cárteles.

10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es suficiente el ¡Ya basta!, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.