ólo sería necesario que Benedicto 16 adelantara un par de días la prevista fecha de su llegada a México para hacerla coincidir con la correspondiente al natalicio de Benito Juárez. Según las primeras versiones difundidas por el Vaticano, el jefe internacional de la Iglesia católica romana estaría en León, Guanajuato, del 23 al 26 de marzo del año próximo, aunque sus principales actividades se realiza-rían el 24 y el 25.

Fuese ajustado el calendario de esa visita papal, o sostenido en su programación hasta ahora conocida, lo cierto es que, en términos simbólicos y prácticos, la presencia pública desbordante de B-16 significará un golpe a la memoria de lo que ha sido el juarismo en su vertiente histórica de constitución y defensa del concepto del Estado laico. Sobre todo porque, en esta ocasión, la visita del Papa pretende ser convertida en una suerte de aparatosa reivindicación histórica del conservadurismo, mediante la entrega de una ofrenda consistente en la reforma del artículo 24 de la Constitución vigente para derribar los últimos frenos al expansionismo clerical y propiciar la legalización del carácter confesional en las escuelas, la realización de actos masivos fuera de recintos de culto religioso sin pedir permiso a autoridad alguna, la obtención de concesiones para frecuencias de radio y televisión a través de las cuales emitir directamente programación propia y la caracterización jurídica de la católica como la Iglesia dominante en el país, y de lo religioso como concepto dominante y excluyente en materia de conciencia.

En razón de ese compromiso de entregar al máximo sacerdote cambios constitucionales como ofrenda en el marzo juarista de 2012 (en plenas campañas), la derecha bicéfala de San Lázaro forzó ayer procedimientos, reglamentos y memoria histórica, unidos panistas y priístas en el objetivo de sacar adelante las modificaciones que el partido de blanco y azul considera totalmente afines a su pensamiento y trayectoria pero que en el caso del de tres colores solamente han sido impulsadas en razón de dar cumplimiento al compromiso que Enrique Peña Nieto hizo con los mandos locales y la nunciatura apostólica en el sentido de aprobar en la Cámara de Diputados las adecuaciones que, como advirtió con oportunidad y visión La Jornada en su edición de ayer, constituyen una nueva vía para demoler el Estado laico.

Cierto es que, en el México de las apariencias y la simulación, la Iglesia católica ya realiza y aprovecha varios de los rubros contenidos en las modificaciones constitucionales apenas autorizadas en San Lázaro que ahora pasan al Senado para revisión y eventual convalidación. Pero el Estado mexicano había mantenido esa reserva legal en su favor, la de una prohibición jurídica que sin embargo podía ser negociada y tolerada. Ahora, el clero triunfal legaliza lo que ejercía mediante discrecionalidad y, por tanto, obtiene una fuerza jurídica y política que podrá transferir abiertamente a los terrenos social y electoral. El Papa y su Iglesia obtuvieron anoche una autorización expresa para influir en los comicios de 2012. El Estado mexicano cede más y más frente a poderosos grupos de presión como las televisoras, los empresarios, las fuerzas armadas (soldados, marinos, policías) y ahora la elite católica.

La visita papal de marzo entrante queda desde ahora marcada por el interés electoral. La derecha confesa, la que se agrupa en el PAN, espera que la figura del sucesor de Juan Pablo II le ayude a ganar votos en una coyuntura especialmente difícil, que parece encaminada a que pierda el poder. Pero el principal buscador de indulgencias en tiempo de comicios es el mencionado Peña Nieto, educado o, más precisamente, egresado de una universidad perteneciente al Opus Dei. Por ello, ayer, los priístas férreamente alineados a su literariamente despeinado mando se batieron en la Cámara de Diputados en defensa del proyecto acordado, mientras petistas, entre los que destacó el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, alegaron una y otra vez; demostraron violaciones procesales y conceptuales; tomaron la tribuna en un par de ocasiones, y acabaron viendo el paso de la aplanadora del prianismo para reformar el artículo 24 constitucional.

Antes de tal milagro benedictino prematuro, los diputados habían vivido otro momento de éxtasis. Catorce meses después de lo que la letra legal les indicaba, violando el artículo 41 constitucional en cuanto a la obligación de realizar una consulta ciudadana, y restituyendo el criterio mercantil del reparto de cuotas (apenas disfrazado mediante mejores hojas curriculares de los designados), la cámara tardía designó a tres consejeros del IFE. Tan insólita muestra de eficacia demorada generó enorme júbilo en esos legisladores que a través de tribunos cantarines dijeron estar presenciando momentos históricos en los que la democracia se perfeccionaba, las instituciones refulgían y ellos, los diputados, cumplían a cabalidad con sus responsabilidades y compromisos. Con un consejero por partido principal (PAN, PRI, PRD) en esta nueva asignación de consejeros, y sin mayor cambio que el numérico, los perfiles y méritos de los recién llegados irán sumándose al proceso de empequeñecimiento y predisposición adversa que han ido construyendo los seis ya existentes.

Y, mientras a título ciudadano y como creyente católico el licenciado Calderón se apresta a ir este domingo a una misa por la paz en la Basílica de Guadalupe, que oficiará el cardenal Norberto Rivera, y en tanto en San Lázaro continúan las protestas de diputados por la ceremonia de bendición, a cargo de un cura, de la sala de prensa de esa cámara, ¡feliz fin de semana, viendo a la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, responder con proyectiles declarativos ligeros (no aceptaremos cooperación que esté por encima de la soberanía nacional) al tentativo plan de un subcomité legislativo gringo (que aún deberá pasar por la aduana senatorial previsiblemente adversa a esos excesos) de intervención en México para combatir cárteles terroristas!

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