Culiacán, Sin., 15 de diciembre. El gobierno del estado despidió sin previo aviso a 35 enfermeras y un camillero del Hospital de la Mujer de Culiacán, luego de que protestaron públicamente en varias ocasiones y el 8 de septiembre interpusieron una demanda laboral contra la Secretaría de Salud estatal (Ssa) por los bajos salarios y prestaciones que perciben.

Las inconformes llegaron a trabajar este jueves y se enteraron del despido. Acompañadas de la abogada Yadira Tadeo Bringas, acudieron al despacho del gobernador Mario López Valdez, en la Unidad Administrativa, pero después de seis horas no las recibieron. Personal de la oficina del mandatario informó que éste viajó a la ciudad de México.

El gobernador recibió a las trabajadoras hace días y les prometió que no habría represalias por las protestas, entre ellas el plantón que instalaron el 25 de noviembre frente al hospital, recordó Tadeo Bringas.

Tres de las trabajadoras están embarazadas y una acaba de parir. La Ssa contrató jóvenes pasantes para atender a los pacientes.

Según versiones extraoficiales, funcionarios de la Ssa señalaron que no se trató de un despido, sino que terminó el contrato de las enfermeras y el camillero, lo que desmintieron los afectados. En meses recientes los ex trabajadores se han manifestado para demandar salarios acordes con los tabuladores de la Secretaría de Salud, pues a pesar de tener la clave de tabulador salarial M02035, ganaban entre 2 mil y 5 mil pesos mensuales, mientras empleados del mismo rango perciben entre 8 mil y 15 mil pesos.

Las enfermeras protestaron fuera del nosocomio e incluso vendieron tamales Echavarría, en respuesta al titular de la Ssa, Ernesto Echavarría, quien les les dijo que si estaban inconformes con el sueldo renunciaran y se fueran a vender tamales.

Los inconformes le preguntaron al funcionario si el hospital necesitaba tamales o enfermeras, lo que seguramente no le gustó, señaló la abogada.

El miércoles, representantes de los manifestantes y del gobierno estatal tuvieron una audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje para dar curso a la demanda de las quejosas, y antes el gobernador ofreció revisar sus peticiones.

Un grupo de abogados entregó las liquidaciones. No todas las ex empleadas aceptaron los cheques.