Chilpancingo, Gro., 14 de diciembre. El gobernador Ángel Aguirre Rivero reconoció que al menos 10 policías –cinco ministeriales y cinco preventivos estatales– iban armados durante el desalojo en el que fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y ya están bajo arraigo para ser investigados.

En conferencia de prensa apuntó: No ordené a los cuerpos policiacos que fueran armados, ni mucho menos que se hicieran disparos. Soy el más interesado en que esto se investigue, que se llegue al fondo y que eso no quede en términos de impunidad, sostuvo.

Aguirre Rivero dijo que no entrará en una confrontación con la Secretaría de Seguridad Pública federal y por lo tanto no señalará a nadie como posible responsable de haber disparado contra los normalistas.

La noche del martes, la Secretaría de Seguridad Pública federal difundió un peritaje en el que, según la dependencia, un agente de la Policía Ministerial de Guerrero, vestido de civil, sería responsable de la muerte de uno de los estudiantes ultimados en el desalojo del lunes en la Autopista del Sol.

La conferencia de prensa fue en Casa Guerrero, donde estuvo acompañado del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo.

Aguirre Rivero precisó: Son cinco policías ministeriales que aparecen de civil en los videos, y cinco de la escolta del general (Ramón) Arreola (Ibarría), quienes están arraigados para investigarlos.

Subrayó que en esto pudo haber autorías intelectuales “y tampoco podemos ser tan ingenuos y perderlo de vista, hay quienes en un momento dado pudieran estar interesados en que mi gobierno entre en un proceso de desestabilización, y eso que lo digan las investigaciones, porque yo en ningún momento voy a generar un retroceso en Guerrero.

Hay ministeriales que están bajo resguardo. El que aparece con una playera verde con blanco. Igualmente están sometiéndose todos los que acudieron, lo mismo que la policía estatal y quienes iban escoltando al general Arreola están sometidos a la prueba para determinar si dispararon algún arma de fuego, que la está haciendo la PGR y hoy solicité al delegado de la dependencia (en Guerrero) conocer los resultados, recalcó.

Señaló que en los días recientes se ha caído en una especie de competencia, pero nosotros no vamos a hacer señalamientos de ninguna naturaleza, diciendo que eran policías federales o ministeriales, preventivos o municipales. No vamos a hacer ese tipo de juicios. Dejemos que sean las investigaciones que nos indiquen quiénes fueron los que dispararon, de donde emanaron esas órdenes y en función de eso proceder con todo el castigo que la ley prevé.

Ángel Aguirre Rivero puntualizó: “Yo no di ninguna orden al general Ramón Arreola (que hasta ayer fungía como subsecretario de Seguridad Pública). En lo que yo llevo al frente del gobierno, en este tipo de operaciones, el gobernador no instruye a ninguno de los cuerpos policiacos para atender un conflicto como el que se presentó.

No es la primera vez que la policía del estado participaba en un acto de desalojo o en auxilio a la policía federal dado que es un tramo de la autopista que se ubica en la parte federal; invariablemente hemos acudido sólo con toletes y escudos. Ha sido una norma de mi gobierno, pediré al secretario general, que dé fe ante notario público para que no se tenga la menor duda, insistió.

Empero, aclaró: Eso no indica que estemos negando que efectivamente hubo participación, como está acreditado en algunos de los videos, de armas de fuego, tanto de la policía federal como en este caso específico de la policía ministerial y de la escolta del general Arreola, la preventiva estatal, que efectivamente también iban armados.

El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado, Humberto Calvo Memije, contradijo las cifras de los policías arraigados dados a conocer por el Ejecutivo estatal, y señaló que hasta el momento se investiga a 22 policías preventivos estatales.

El gobernador aclaró que no destituyó al ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas, y al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, sino que éstos le presentaron sus respectivas renuncias en un gesto de solidaridad para contribuir a la transparencia de las investigaciones que sean necesarias por parte de la procuraduría.

Aguirre Rivero rechazó que pretenda cerrar la Normal de Ayotzinapa. Lo único que pido es que se eleve el nivel académico, que contribuya a un programa de alfabetización. Les ofrecí la entrega de una computadora. Aseguró que incluso este martes recibió a 50 egresados de Ayotzinapa, a quienes se les entregó 25 plazas, y la otra semana otras 25, es decir 50.

En tanto, alrededor de las 15 horas de este miércoles, decenas de normalistas tomaron durante media hora las instalaciones de las emisoras ABC Radio, Radio Capital y Radio Universidad, ubicadas en Chilpancingo, y en sus micrófonos exigieron la destitución del gobernador Aguirre Rivero. También exigieron que los crímenes de sus compañeros no queden impunes.