Con la presentación de dos nuevos recursos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) contra el presidente Felipe Calderón y los tres aspirantes del PAN a la candidatura presidencial, el PRI continuó su estrategia de pretender limitar por las vías legales su activismo.

Esta vez acusó al Ejecutivo federal de mantener una campaña sistemática en su contra, con su postura de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales, en detrimento del tricolor.

La representación priísta presentó un amplio documento en el que vincula la entrevista concedida por Calderón a The New York Times, donde deslizó que algunos priístas buscarían pactar con el crimen organizado, con todo el discurso sistemático que ha mantenido posteriormente, en especial tras los comicios locales en Michoacán.

Declaraciones temerarias

Es seguro que las ilegales afirmaciones del Presidente han permeado al mexicano promedio, en detrimento de los intereses del PRI y en franca violación a principios de obligada observancia de los servidores públicos de mantenerse en un marco de imparcialidad y no atentar contra la equidad en una contienda electoral.

El PRI sostiene que Calderón ha hecho temerarias y aventuradas declaraciones, utilizando su cargo para intervenir en el proceso comicial, en un intento de inclinar las preferencias hacia el PAN. Subraya que las reiteradas declaraciones sobre la presencia del narcotráfico en los procesos electorales prácticamente está desalentando el voto en favor de mi representado, y resultan violatorias de la Constitución.

Señala que los posicionamientos del Ejecutivo sobre el tema tienen como única finalidad influir de forma ilícita e incorrecta en las preferencias de los electores, violando la normatividad que prohíbe a los funcionarios públicos actuar parcialmente en el ejercicio de su cargo.

En paralelo, el PRI interpuso otro recurso contra los tres aspirantes panistas a la Presidencia: Ernesto Cordero, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota, a quienes acusa de incurrir en posibles actos anticipados de precampaña, que puede considerarse que ‘ponen en riesgo la consti- tucionalidad y legalidad de la contienda electoral.

Al desglosar cada una de las faltas en que habrían incurrido los panistas, abunda en mayor medida en la actuación de Cordero, a quien acusa de haber incurrido en actos ilegales desde que era secretario de Hacienda, utilizando los espacios y recursos públicos para su promoción personal y hablar inclusive sobre temas estrictamente partidistas. Para ello relata una ocasión en que el ex titular de Hacienda se refirió al apoyo de panistas plasmado en una carta en su favor.

Igualmente, detalla otros sucesos que ocurrieron durante su gestión como funcionario público, y posteriormente alude a su página de Internet, así como a diversos discursos en los que hace abierta referencia al PRI. En especial, menciona uno en el que con la leyenda de la Secretaría de Hacienda cuestiona la actuación del Revolucionario Institucional en el proceso de reformas legales.

Igualmente hace mención a la actuación que han tenido Vázquez Mota y Creel Miranda, incluyendo –en todos los casos– referencias a sus páginas de Internet como parte de las pruebas con las que pretende acreditar la presunta actuación ilegal de los panistas. En el caso de Vázquez Mota, el PRI destaca algunos de sus discursos en los que hace abierta referencia al electorado en general, haciendo obvio que no se está refiriendo solamente a la militancia blanquiazul.