Sin modificar una coma del dictamen sobre la Ley de Asociaciones Público Privadas, la Cámara de Diputados abrió el camino al intermediarismo en la contratación de obras y servicios del gobierno federal con la iniciativa privada: las ganancias se privatizarán y las deudas se socializarán mediante la contratación de más deuda pública, como ha ocurrido en materia de infraestructura de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Según el presidente de la Comisión de Economía, el diputado priísta Ildefonso Guajardo, la nueva ley posibilitará, mediante un solo instrumento, generar la infraestructura que el país requiere y al mismo tiempo generar los servicios que en un momento dado demanda la sociedad mexicana. Al dar certidumbre jurídica, este instrumento nos permite ampliar el número de oferentes del sector privado que pueden participar con certeza en estos proyectos, a diferencia de hoy, donde la incertidumbre sólo permite que los grandes jugadores, que hasta cierto punto tienen poder e influencia, se metan.

Rechazó que el proceso implique el llamado riesgo Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva de largo plazo): No hay nada más falso y lejano que eso. Los Pidiregas son deuda pública y fueron un problema real que tuvo que ser sancionado y autorizado ex post por una Cámara a la que no le quedó otro remedio. En el caso de las asociaciones público privadas es un instrumento mediante el cual queda claramente establecido que esta soberanía tendrá facultades para autorizar los proyectos y ninguno podrá iniciarse sin la autorización de esta Cámara al sancionar el uso de recursos o activos públicos.

La polémica en el pleno se alimentó con los argumentos expuestos por la diputada petista Laura Itzel Castillo, quien destacó que el Estado quedaba como mero administrador de contratos.

Esa condición se consigna en la ley, donde indica que se trata de esquemas para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias de los sectores público y privado para la prestación de servicios del sector público o al usuario final, en los que se utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.

Por tanto, abundó, “estamos hablando de tres elementos básicos: estamos considerando el largo plazo, la prestación de los servicios públicos y una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado. Es decir, estamos entregando lo público a los privados completamente.

Y yo preguntaría: ¿quién paga en el largo plazo? Pues quien va a pagar va a ser el gobierno, el pueblo, el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, el usuario final. ¿Y quién va a garantizar este pago a largo plazo? Pues el gobierno, el pueblo. Por tanto, estamos hablando de deuda, no se quiera engañar acerca de que no existe deuda; es una deuda.

Así, la deuda se disfrazaría como gasto corriente, porque sólo la Cámara de Diputados está facultada para autorizar el endeudamiento público, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución y, por tanto, se puede sobrendeudar al gobierno sin que se registre en los balances oficiales, sostuvo Castillo.

A su vez, Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, fustigó la visión de “los que creen que todo está bien, que todo es obligación del Estado, que no necesitamos infraestructura, que los servicios están bien prestados y bien recibidos; los que creen que no necesitamos más trabajos, más empleos, y los que creemos totalmente otra cosa.

Los que creemos que tenemos que invertir en infraestructura, que tenemos que invertir para crear más empleos, que tenemos que invitar a la iniciativa privada a que comparta el riesgo con el Estado, a que decidan traer su dinero, invertirlo en este país; a los que estamos seguros de que requerimos mayores empleos y de que las cosas no van bien.

El perredista Vidal Llerenas –proclive a sumarse a PRI y PAN– dijo que los ejemplos de éxito de las asociaciones público privadas se manifiestan con los resultados obtenidos en Brasil y Chile. A partir de entonces (2001) Brasil, aproximadamente, ha podido invertir un billón de dólares en infraestructura. Chile, años más tarde, hizo una modificación similar que también logró atraer la inversión. Éste es un país que ha dejado de crecer por décadas.

Creo que hoy estamos ante la oportunidad de ofrecer al sector privado la oportunidad de que con reglas claras y con la supervisión del Congreso se pueda invertir en áreas que son estratégicas para el país, que pueden detonar inversión y empleo.