Se fijó audiencia constitucional para el 23 de diciembre, por la demanda que diversos sindicatos interpusieron contra el cambio de normatividad en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA-DF); en tanto, siguen suspendidos los criterios impuestos por esta instancia para los trámites laborales.

En tanto, Manuel Fuentes Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, (ANAD) encabeza el equipo legal que elabora la queja que se presentará en los próximos días en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las normas de dicha junta.

Tanto en las demandas como en la queja que se presentará en breve, los abogados indican que los nuevos criterios de la JLCA-DF hacen imposible la democracia y libertad sindicales, se garantiza la permanencia de los contratos de protección; son contrarios a los intereses de las y los trabajadores, y acciones como crear un nuevo sindicato o cambiar el actual, por ejemplo, conllevará un complicado entramado de burocracia y corrupción para los gremios de la Ciudad de México.

Al respecto, el abogado Néstor de Buen puntualizó que en realidad se está dando una orientación política a las juntas de conciliación y arbitraje, para que resuelvan de la mejor manera posible en favor de la clase empresarial, en los conflictos laborales.

El experto en derecho laboral hizo ver que con las nuevas reglas impuestas por dicha junta se ponen obstáculos notables para el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo para la contratación colectiva. Indicó también que no le extraña esta acción por parte de la JLCA-DF, porque el país vive cada vez con mayor intensidad una situación en la que el Estado es parte en los conflictos laborales.

En cuanto a la queja que se prepara para llevarla a la CNDH, los elementos que están preparando los abogados refieren que los criterios fijados por dicha junta son contrarios a los derechos humanos y laborales. En la misma se argumentará, por ejemplo, que con dicha normatividad se están violando además de diversas leyes nacionales, el artículo octavo del Pacto Internacional de Derechos Econó- micos, Sociales y Culturales, entre otros.