Por incurrir en diversas irregularidades en la planeación y contratación para la construcción de la Estela de Luz, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 12 años en cargos del gobierno federal, al ex director general de la paraestatal III Servicios, Agustín Castro Benítez.

La inhabilitación en cargos gubernamentales se hizo extensiva, pero por un año, a Ricardo Morales Jaramillo y Rubén Enrique Arenal Alonso, ex gerentes de administración y finanzas, y jurídico, respectivamente, de esa empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos.

La obra, también denominada Monumento del Bicentenario, debió concluirse en agosto de 2010 y tuvo un costo de al menos 398 millones de pesos, aunque se había estimado en 200 millones de pesos.

Los tres funcionarios referidos han sido denunciados penalmente ante la Procuraduría General de la República, junto con Juan Alberto Bravo Hernández, ex asesor técnico administrativo, por incurrir en presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, uso de siglas sin derecho y de sellos sin derecho, reportó la SFP.

Bravo se ostentó como coordinador general en diversas comunicaciones y reuniones celebradas para la construcción de la obra, aunado a que recibió información oficial del proyecto sin ser servidor público, lo cual se hizo con la complacencia de Castro Benítez, quien de 2006 a 2008 se desempeñó como asesor del secretario de gobierno de Morelos, encabezado por el panista Marco Adame Castillo.

Más castigos por actuar indebidamente

Otros diez funcionarios que formaron parte del Comité de Obras Públicas enfrentan un proceso de responsabilidad administrativa, ya que presuntamente actuaron en forma indebida al autorizar que no se efectuara la licitación para la adjudicación de los contratos de construcción y supervisión de la Estela de Luz.

Los funcionarios de III Servicios SA de CV que están en ese proceso y ya han comparecido, según la SFP, son: Domitilo Barragán, ex gerente de construcción; Bernardo Garza, gerente comercial; Mario J. Rodríguez, gerente de administración y mantenimiento inmobiliario; Juan Ricardo Díaz, ex subgerente de construcción; Fernando Spadoni, ex subgerente de concursos; Érik Treviño, subgerente de evaluación, estadística y mejora continua; J. Carlos Olivares, subgerente de contabilidad y presupuesto; Sergio Salas, ex coordinador de mantenimiento zona centro, así como los citados Morales Jaramillo y Arenal Alonso.

De las tres auditorías practicadas a la Estela de Luz, una de las cuales involucra la participación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INE-HRM), dependiente de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), se desprende que la empresa III Servicios adjudicó y formalizó el contrato de construcción sin que el proyecto ejecutivo estuviera completo, y se avaló de manera improcedente la contratación de la empresa Gutsa, actualmente amparada.

El INEHRM, por su lado, aceptó el proyecto arquitectónico ejecutivo aun cuando estaba incompleto y además autorizó el pago. A su vez, el director del proyecto ejecutivo del monumento omitió presentar los informes estipulados en el contrato y no dio seguimiento a la obra ni efectuó la supervisión necesaria.

Otras irregularidades reportadas son: falta de maquinaria y equipo para la ejecución de los trabajos; el residente de obra incumplió con el control necesario; la empresa supervisora también, y hubo un cálculo incorrecto en la aplicación de penas convencionales en estimaciones a la empresa encargada de la supervisión de la obra.