n el hipotético caso de que el gobierno calderonista desconociera la operación de lavado de dinero realizado (desde 1984) por agentes de la DEA estadunidense en territorio mexicano, no sólo quedaría claro que el denominado aparato mexicano de inteligencia tiene más hoyos que un queso gruyére, sino que la autoridad es feliz papando moscas. Alejandra Sota, vocera del inquilino de Los Pinos, intentó deslindar al actual gobierno (una semana después de que The New York Times ventiló el asunto en sus páginas): “no, no lo sabía, y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la PGR para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento… de entrada, nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.

La investigación que investigará (sic de la señora Sota) la PGR no garantiza nada (recuérdese, por ejemplo, el caso de Zhen Li Ye Gon, Javier Lozano y los misteriosos 205 millones de dólares), por lo que el único consuelo que tendría la vocera del inquilino de Los Pinos es que no sólo el de Calderón, sino los cuatro gobiernos neoliberales que lo precedieron, no se dieron cuenta del voluminoso lavado de dinero realizado por la DEA. Durante casi tres décadas al hilo esta organización del gobierno estadunidense ha blanqueando dinero del crimen organizado enfrente de las narices del gobierno mexicano, y ninguna autoridad nacional registró el hecho, según dicen.

Cierto es que muchísima mugre se puede esconder bajo la alfombra, pero de ninguna manera los 30 mil millones de dólares anuales que obtendrían los cárteles mexicanos de la droga, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras. Nunca se ha puesto en duda la perversidad del gobierno estadunidense, pues por un lado dice combatir el lavado de dinero y por el otro lo lava que da envidia. La embajada estadunidense en México asegura que por años hemos estado trabajando de manera colaborativa con el gobierno de México para luchar contra el lavado de dinero, y que la DEA trabaja con autoridades mexicanas para obtener y utilizar información sobre las organizaciones criminales para luchar contra las amenazas que éstas representan para nuestros países.

Dudosa la afirmación de la representación diplomática, como también la de la señora Sota, representante de un gobierno que ha privilegiado la bala, que ha calificado de ridícula minoría a los cárteles mexicanos de la droga y que cataloga como totalmente absurdas las propuestas para modificar su estrategia contra el crimen organizado. Cada parte dirá lo que quiera, pero lo que sí puede documentarse es que cuando menos desde 1996 el Departamento estadunidense de Estado ha advertido al gobierno mexicano sobre el lavado de dinero en el país, y ha señalado al sistema financiero que opera aquí como la mayor lavandería del hemisferio occidental. Y nadie en Los Pinos se tomó la molestia (versión oficial) de investigar este asunto.

Para documentar nuestro optimismo (Monsiváis dixit), van dos pasajes de sendos informes del Departamento de Estado sobre el narcotráfico en México, y que cada quien saque conclusiones. El primero corresponde a marzo de 1996 (US Department of State: International Narcotics Control Strategy Report. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Financial Crimes and Money Laundering): “el sistema financiero mexicano ha sido elegido por los cárteles internacionales de la droga como el principal centro en Occidente de lavado y repatriación de dinero proveniente del narcotráfico… En 1994, de acuerdo con cifras de funcionarios mexicanos (no identificados) se habrían lavado alrededor de 30 mil millones de dólares por el concepto referido… Factores como la vecindad con Estados Unidos, la corrupción endémica en México y los endebles o inexistentes controles legales para regular las transacciones en dólares en el sistema financiero mexicano, resultan la combinación perfecta para que sea el número uno del hemisferio occidental en lavado de dinero procedente del narcotráfico… El gobierno mexicano ha hecho poco por contener esas prácticas, que resultan extremadamente benéficas para la comunidad bancaria y los corredores criminales que explotan ese sistema operativo. En este sentido, un creciente número de empresas legales están siendo utilizadas por los lavadores para transparentar las operaciones del narcotráfico… En 1995 funcionarios de la Secretaría de Hacienda encargados de documentar el lavado de dinero integraron 11 investigaciones en México sobre el particular, mismas que fueron entregadas a la Procuraduría General de la República para su procedimiento. A su vez, la PGR también colaboró con la DEA en varias investigaciones importantes en el mismo año”.

Dieciséis años después (mayo de 2011: US Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Money Laundering and Financial Crimes) la versión del vecino del norte no se modificó sustancialmente: México es uno de los principales productores de drogas y de tránsito de drogas. Las ganancias del comercio de drogas ilícitas de Estados Unidos son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano. Otras fuentes importantes de ingresos ilegales que se blanquea incluyen corrupción, secuestro y tráfico de armas y personas... El contrabando de dólares en efectivo, embarcados a granel hacia México, y la repatriación de fondos estadunidenses por medio de mensajeros, vehículos blindados y transferencias bancarias siguen siendo los métodos más utilizados para el lavado de ganancias de la droga. La combinación de un sector financiero sofisticado, un gran sector informal y controles reglamentarios insuficientes, complica aún más el problema. De acuerdo con autoridades estadunidenses, las organizaciones de narcotraficantes envían a México cada año entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, pero las autoridades mexicanas sólo han decomisado 458 millones en envíos de dinero desde 2002.

Y en el gobierno mexicano dicen que nadie se ha dado cuenta.

Las rebanadas del pastel

Los lectores preguntan: ¿y cuánto gana el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? Pues bien, mensualmente Basilio González Núñez obtiene (cifras oficiales) 125 mil 84.30 pesos netos, igual a 72 salarios mínimos de 2011, más cuatro seguros (institucional, colectivo de retiro, gastos médicos y separación individualizado) y todas las prestaciones de ley, incluyendo 40 días de aguinaldo y 20 días hábiles de vacaciones. Aparte, gastos inherentes a su puesto.

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