Santiago de Anaya, Hgo., 12 de diciembre. Organizaciones ñañús acusaron al ex gobernador y actual secretario de Coordinación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; al delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat) en Hidalgo, Martín Bermúdez Mendoza, y al edil Cliserio Ramírez, de ser cómplices del ecocidio que amenaza a siete comunidades, por la construcción de la cementera Santa Anita, en un área de tres millones 722 mil metros cuadrados.

Luis Cruz Hernández, presidente de la Coalición de Organi- zaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) en este municipio, distante 56 kilómetros de Pachuca, alertó en entrevista so-bre la inminente contaminación del acuífero Actopan-Santiago de Anaya, la más importante reserva de agua subterránea del Valle del Mezquital, ya que la cementera se asentará sobre el sitio de recarga de la región hidrológica 26 Pánuco-Cuenca del río Moctezuma-Subcuenca del río Actopan.

“El problema se agrava –dijo Cruz Hernández–, si consideramos que la cementera, cuya construcción avanza, no cuenta con un sitio para la instalación del relleno sanitario obligatorio, y contraviniendo las indicaciones de la Semarnat, extrae de los canales de riego aguas negras que son utilizadas en las obras”.

El proyecto cementero de Santiago de Anaya nació en 2008 y fue echado a andar con tecnología alemana el 24 de enero pasado, en una superficie de tres millones 722 mil metros cuadrados que incluyen áreas para la planta, de yacimientos, de amortiguamiento y caminos, con una inversión programada de 230 millones de dólares, de los que 10 por ciento será destinado a programas ecológicos para el rescate de flora y fauna, según su director, Jesús Ortiz Rosas.

No obstante, la inconformidad entre las comunidades ñañús va en aumento, al considerar sus dirigentes que la empresa no ha cumplido con las condicionantes impuestas por la autoridad ambiental al autorizar el proyecto.

Junto con indígenas de las comunidades Patria Nueva y El Palmar, Cruz Hernández afirmó que pese a las observaciones citadas en la evaluación de impacto ambiental 133.02.02/213/2010/102150, emitida el 1º de septiembre de 2010 por la delegación estatal de la Sermarnat, los tres niveles de gobierno se confabularon para cambiar los usos de suelo forestal, turismo alternativo, ecológico y de flora y fauna considerados predominantes y compatibles para la zona, a minero, que junto con el agrícola e industrial tienen la categoría de condicionados.

Los propietarios de la cementera sorprendieron a los dueños del predio El Enebro con el cuento de los empleos, y a 60 de ellos les dieron 200 mil pesos por sus tierras, pero nunca se realizó una consulta a las demás comunidades, dijo Cruz Hernández.

Marco Antonio Rico, líder estatal de la Coduc, informó que en el listado vegetal de la Semarnat sobre el citado predio aparecen especies catalogadas como amenazadas e identificaron también 103 especies de mamíferos, cinco de ellas en peligro de extinción.