Las agresiones contra periodistas se han vuelto una constante en México, en gran medida a causa de la impunidad, y el hecho de que cada vez sean más los comunicadores asesinados o que recurren a la autocensura va empobreciendo la vida democrática del país, advirtieron los participantes en el foro Justicia para periodistas asesinados y desaparecidos.

El acto, organizado ayer frente al monumento a Francisco Zarco, por el Centro de Periodismo y Ética Pública y Reporteros Sin Fronteras, comenzó con un minuto de silencio por los comunicadores muertos y desaparecidos a causa de su trabajo, y un balance de las recientes agresiones padecidas.

En la primera mesa del foro, familiares de periodistas víctimas de agresiones –entre ellos Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta; Mauricio Estrada, del diario La Opinión, o Armando Rodríguez, de El Diario– dieron su testimonio de la forma en que debieron enfrentar no sólo el asesinato o desaparición de sus seres queridos, sino también la indolencia oficial para resolver los crímenes.

Javier Sepúlveda Amed, director general del programa de agravios a periodistas y defensores de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordó que de 2000 a la fecha el organismo registró 75 homicidios de comunicadores y de 14 activistas pro garantías individuales.

A raíz de ello, hace un par de años emitió una recomendación general donde llamaba la atención sobre el halo de impunidad que rodea a casi todas las agresiones, pese a las advertencias de las víctimas o de medidas cautelares.

Gerardo Sauri, relator de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, coincidió en que la falta de castigo a los responsables de dichos crímenes es el principal motor del fenómeno que, de acuerdo con cifras de la institución capitalina, registró casi 100 ataques contra comunicadores en 2011, con sólo una sentencia condenatoria.

Anunció que el gobierno capitalino envió un paquete de reformas legales –actualmente a discusión en el Legislativo local– para reconocer a los periodistas como defensores del derecho a la información; establecer un protocolo especializado para defenderlos, y contemplar siempre en casos de homicidio la línea de investigación de la represalia por su trabajo informativo.

Omar Gómez Trejo, de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó que cada vez que un periodista es ejecutado u opta por autocensurarse, la democracia mexicana se debilita más.