n una charla sobre el tema de los reclusorios, llamados en congruencia constitucional Centros de Readaptación Social, un amigo magistrado refirió un caso, no sé si real, pero sin duda posible y ciertamente parecido a otros que suceden a diario en nuestro país.
El relato es el siguiente: un grupo de jóvenes, seis o siete, va en el Metro de la ciudad; bromean, alborotan y juguetean alegremente. Sus edades fluctúan entre 17 y 19 años; en el grupo van unos primos, mujer y hombre, ella aún menor de edad y él, un poco mayor, entre los juegos de manos y las bromas pesadas, el primo hace un tocamiento procaz a su pariente, una nalgada, la muchacha se indigna, no quería llevar el juego a ese extremo, reclama y acusa al primo ante un policía en la estación siguiente.
Después de un largo vía crucis, con el acusado en prisión, llega el asunto al magistrado para revisar una sentencia por abuso sexual, antes denominado atentado al pudor, el delito amerita en principio una pena relativamente leve, sin embargo, desde la acusación el asunto se agrava, en primer lugar, en razón del parentesco, prima y primo, en segundo lugar porque el delito se cometió en un transporte de servicio público y se agrava más aún, como lo planteó la acusación, por haberse cometido en pandilla. Lo que parecía un juego y un abuso que ameritaba sin duda una sanción, conduce a una sentencia por un par de decenas de años de prisión.
Se trata sin duda de un despropósito; a la colectividad le cuesta más socialmente hablando, el efecto del delito que el delito mismo, una vida joven alterada y rota, una familia en problemas de toda índole y un interno más en el sobrepoblado reclusorio; entendí que el magistrado corrigió o en su caso corregiría, de ser necesario el proceso echado a andar con excesos por policías y agentes del Ministerio Público ansiosos de premios y casos relevantes.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha llamado la atención, sobre los derechos vulnerados de los reos, sin espacio para lo más indispensable, sin atención médica y sin acceso a la rehabilitación por la educación y el trabajo que el artículo 18 de la Constitución ordena.
La prisión preventiva por delitos leves, el convertir incidentes menores en delitos graves para cobrar el premio que se da a los policías, el temor de los funcionarios y otras causas, han hecho de las prisiones de México lugares muy costosos, en ellas se almacena
a los detenidos, pero sin posibilidades reales de lo que se ha llamado la reinserción social; el tema, como repito, está pendiente.
Esta semana, los senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Velázquez, presentaron un proyecto de ley general para la protección de los derechos humanos en los reclusorios; aludieron, por supuesto al hacinamiento, a la sobrepoblación en las cárceles, más de 20 por ciento de reos en promedio nacional, pero en algunos casos hasta de 50 por ciento; en el Distrito Federal, los reclusos ascienden a más de 40 mil. Como se ve, el problema es mayúsculo.
El proyecto de ley se ocupa de un tema muy sensible, será criticado por quienes son partidarios de la represión y la mano dura, se preguntarán por qué se trata de defender derechos humanos de quienes están en prisión, como delincuentes o presuntos, habiendo fuera tantos problemas graves de inseguridad y de violencia. La respuesta es sencilla, las cárceles son uno de tantos centros neurálgicos de la problemática nacional que hay que atender; si funcionan bien los reclusorios y cumplen su cometido de rehabilitación, se suprime una causa de desorden social.
Es de esperarse que la ley se discuta y se analice en el Congreso para hacer de ella un buen instrumento encaminado a la rehabilitación y que no resulte un aumento de la burocracia; la intención es positiva y la iniciativa pone acertadamente el dedo en una de las llagas más lacerantes de nuestra realidad social. Enhorabuena.
