Legisladores de PRI, PRD y PT, defensores de derechos humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, líder comunitario e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y demandaron que se investigue este crimen, así como los cometidos en contra de otros integrantes de ese movimiento.

El senador priísta Francisco Arroyo Vieyra y el perredista José Luis García Zalvidea coincidieron en que es urgente detener los asesinatos de integrantes de organizaciones civiles, como Trinidad de la Cruz, ultimado en Michoacán, un día después de ser secuestrado.

De continuar los asesinatos de activistas y de familiares de las víctimas de la violencia provocada por el narco, el riesgo es que una parte importante de la población se subleve al cumplimiento de la ley, recalcó Arroyo Vieyra.

García Zalvidea consideró que ha habido un desentendimiento total de Calderón de la seguridad e integridad de los miembros del MPJD.

Ambos reconocieron que el Senado está en falta, al no haber aprobado aún la Ley de Atención a Víctimas del Delito, que el Congreso se comprometió con el MPJD a dictaminar; Arroyo Vieyra recalcó que trabajan a marchas forzadas para aprobar esa legislación antes de que concluya el período de sesiones.

ONU-DH demanda investigaciones serias

El representante en México de ONU-DH, Javier Hernández Valencia, condenó enérgicamente el homicidio y afirmó que la declaración hecha por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, expresando sin ambages su repudio al homicidio de De la Cruz, debe sucederse de diálogos directos con el MPJD y del establecimiento de los mecanismos de protección que el presidente Felipe Calderón anunció en su encuentro (de julio pasado) con Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU–DH instó también a las autoridades a impulsar investigaciones serias, imparciales, expeditas y diligentes en torno a este asesinato e hizo un llamado puntual para que en la estrategia de seguridad se incorpore como política central la protección de las y los defensores de derechos humanos en tanto medida indispensable para combatir de manera eficaz a la delincuencia y abonar a la confianza ciudadana.

Diputados llamarán a Poiré y García Luna

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados informó que solicitará la comparecencia en comisiones, de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que expliquen por qué la Policía Federal abandonó a Trinidad de la Cruz.

En tribuna, el diputado Enrique Ibarra Pedroza –el único que se refirió al asesinato– denunció que en México se practica una persecución sistemática de activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos.

Afirmó que aun cuando por la persecución, amenazas y agresiones sufridas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le habían brindado medidas cautelares, no fueron suficientes debido a un gobierno federal insensible e irresponsable.

Vidulfo Rosales, coordinador del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó su profunda preocupación por las agresiones contra el MPJD y lamentó que las autoridades no le den ninguna importancia al tema.

Los movimientos Ciudadano Independiente ¡Ya basta!, Brújula Metropolitana y Emergencia Nacional por la Paz exigieron la presentación inmediata con vida de ambos activistas, y responsabilizaron al presidente Felipe Calderón y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, de su integridad física, moral y sicológica.