Ante el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, integrantes de las ocho subcomisiones de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos manifestaron su indignación por las recientes agresiones a defensores de derechos humanos, como Norma Andrade, en Chihuahua, y Trinidad de la Cruz, de Michoacán, asesinado el martes de esta semana.

Pidieron una reunión urgente con funcionarios de alto nivel para revisar otros casos e investigaciones, como las relacionadas con los homicidios de Marisela Escobedo y Nepomuceno Moreno, así como los secuestros de Eva Alarcón y Marcial Bautista, entre muchos otros.

En el caso particular de Andrade, manifestaron que su ataque visibiliza aún más la desprotección que el Estado mexicano mantiene de defensores de los derechos humanos de las mujeres y muestra su falta de voluntad para garantizarles una vida libre de violencia

En el texto entregado a Gobernación durante el encuentro con Poiré, y remitido con copia a otros despachos de los gobiernos federal y estatales, al Congreso de la Unión y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, las organizaciones civiles integrantes de la comisión exigieron que el Estado realice con ellos una reunión urgente para dar seguridad y otorgar medidas cautelares a los defensores en riesgo.

Al término de la reunión, Fabiola Zermeño, en nombre de las organizaciones de las subcomisiones para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lamentó que hasta el momento no hayan sido efectivos los protocolos de protección (cuya aplicación es responsabilidad del gobierno federal) y, en cambio, continúen los asesinatos, el peligro y la vulnerabilidad de todos los ciudadanos.

“Los resultados en esta materia están a la vista de todos. No son buenos resultados, por lo que exigimos medidas de protección eficaces, que el Estado se responsabilice de la seguridad de Norma Andrade y de todos y todas las defensoras de derechos humanos… El secretario Poiré se comprometió a atender cada uno de los ocho puntos que incluye este pronunciamiento y a dar respuesta pronta”, subrayó la también directora de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad.

En sesión extraordinaria de esta Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, se pidió cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Andrade es fundadora y copresidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, madre de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001, y de Malú García, activista también de este grupo y quien por amenazas de muerte ha tenido que cambiar su lugar de residencia para resguardarse en la ciudad de México.

Condenas y repudios tardíos

Mientras, dos días después del homicidio de Trinidad de la Cruz, en Santa María Ostula, Michoacán, Gobernación repudió el hecho.

Aseveró que el secretario Poiré se encuentra en contacto permanente con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para el análisis de las circunstancias en que se dieron los hechos, a fin de poder garantizar la debida protección de las personas que se encuentran en posición de riesgo y vulnerabilidad.

También condenó los hechos ocurridos a Norma Andrade y asegura que le ha proveído seguridad y está dando seguimiento a las investigaciones. Dijo además que el gobierno se encuentra atento a las indagaciones para la localización de los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero.