El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y activistas de organizaciones sociales señalaron que la aceptación del presidente Felipe Calderón de que el Ejército ha cometido excesos en el contexto del combate al narcotráfico, es un reconocimiento de violación a los derechos humanos, y lamentaron que a pesar de eso no se anuncie ningún cambio en la estrategia.

En entrevista en la sede nacional del PRD, Zambrano consideró que lo admitido por el mandatario federal indica que esa institución no está capacitada ni facultada para participar en tareas que no sean de su competencia, por lo cual urgió a crear las condiciones para que, de manera ordenada y dejando claro el escenario, el Ejército pueda regresar paulatina y ordenadamente a sus funciones constitucionales, que son las de resguardo de la seguridad nacional.

Manifestó también que la declaración del jefe del Ejecutivo es muestra del fracaso de esta estrategia de combate al crimen organizado.

En tanto, defensores de derechos humanos sostuvieron que el hecho de que Calderón haya aceptado errores en su estrategia anticrimen, pero al mismo tiempo reivindique a las fuerzas de seguridad y anuncie que su plan va a seguir igual, implica que los abusos contra los derechos humanos van a continuar, y que las víctimas seguirán sin acceso a la justicia.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que si el gobierno federal continúa aplicando la misma táctica de seguridad, es previsible que las consecuencias serán también las mismas. “Si en cinco años de gobierno hemos visto esta cantidad de personas asesinadas, podemos esperar que en el sexto haya un deterioro todavía mayor.

Nos dice que los abusos han sido mínimos, y la realidad es que no es así, cada vez hay más violaciones que no se reconocen ni investigan ni enjuician. Vemos a un Presidente que se niega a escuchar un número cada vez más plural de voces que le piden un cambio de estrategia, agregó.

Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que la declaración del mandatario no es un ejercicio autocrítico genuino, ya que no hay una verdadera aceptación de responsabilidades ni se atiende la exigencia de cambiar el modelo de seguridad, que se ha convertido ya en un estado de excepción institucionalizado.

Aunque no cree que el gobierno busque atacar de forma intencional las garantías individuales de sus ciudadanos, resaltó que en los pasados cuatro años los operativos de las fuerzas armadas fueron cada vez más letales; hay 12 heridos por cada muerto, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México.