El pleno de la Cámara de Diputados reincidió por sexta ocasión en el presente periodo ordinario de sesiones, y sin alcanzar el quórum requerido de 251 legisladores presentes, se suspendió la sesión ordinaria en la que habría de votarse el acuerdo elaborado por la Junta de Coordinación Política para reponer el proceso de selección de candidatos al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).

Los diputados federales pretenden resolver en una semana un conflicto político que ya ha durado más de 13 meses, y evidenció el criterio de reparto partidista que aún se pretende aplicar al IFE.

La semana pasada, Armando Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó a los grupos parlamentarios una propuesta tendiente a dar por concluido el proceso de selección de candidatos que inició en 2010, y del que aún hay una lista de 14 aspirantes, para dar paso a uno nuevo, que sería conducido por la misma junta.

El plazo de la propuesta, para dar paso a la selección, es de cinco días hábiles, y éstos deberían haber corrido desde este viernes, pues el final del actual periodo ordinario de sesiones es el próximo jueves 15 de diciembre. Con lo que sucedió ayer en el pleno de San Lázaro –al no aprobarse el acuerdo– se enterró la posibilidad de resolver el conflicto inherente a los consejeros electorales del IFE faltantes en el actual periodo ordinario.

Cada partido con su candidato

En esa condición sólo resta esperar que en las próximas dos sesiones –si se alcanza el quórum requerido– se determine la celebración de un periodo extraordinario de sesiones, antes del 30 de diciembre, con el objetivo de acordar una terna de consejeros. Si fuera el caso se prevé que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se dividan la terna e impongan a sus candidatos.

Ayer los diputados no lograron entrar en materia porque alrededor de las 15 horas sólo se encontraban 216 legisladores en el salón de plenos, y con ese número resultaba imposible que continuaran los trabajos en San Lázaro. Incluso quedó en el aire un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que atienda la petición de audiencia solicitada por legisladores del estado de Durango.

Los diputados pretendían que el pleno aprobara la demanda, y no fue posible porque la mayoría abandonó el palacio legislativo antes de concluir la sesión ordinaria.

El documento que quedó pendiente exige que se pongan en marcha las acciones necesarias entre autoridades de la Universidad Juárez del estado de Durango y el Ejecutivo federal, por conducto de los secretarios de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para atender a la brevedad la problemática concerniente al déficit presupuestal y financiero que pone en riesgo las actividades académicas y laborales de esta casa de estudios (calculado en 600 millones de pesos), vulnerando las condiciones contractuales de sus trabajadores.

También el pleno guardó un minuto de silencio en honor del reportero Verónico Albiter Miranda, quien falleció trágicamente la madrugada del miércoles en la vía López Portillo, del estado de México.

Asimismo, aprobó el decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual busca una mayor coordinación para frenar la inseguridad y actos delictivos en México, crear políticas públicas no sólo en el ámbito de policiaco, sino social, económico y comunitario.

El decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación y propone articular los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en materia de la prevención social de la violencia y la delincuencia.