Con la ausencia del PAN y el voto dividido del PRD, diputados que integran las comisiones de Salud y Asistencia Social, y Equidad y Género aprobaron la creación de la Ley de Gestación Subrogada, con la que se busca regular el préstamo de úteros en el Distrito Federal en beneficio de todas las personas que así lo deseen, independientemente de su sexo o estado civil.

La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Maricela Contreras, aseguró que con este dictamen, que será presentado ante el pleno la próxima semana para su eventual aprobación, se avanza en el derecho de la paternidad y maternidad como una garantía universal.

Con esta disposición se busca crear un marco jurídico que privilegie el ejercicio de los derechos reproductivos, promueva la garantía de las personas a una maternidad o paternidad libre, reconozca la diversidad con la cual está integrada la población y sea ejemplo de normas de una sociedad democrática, plural, incluyente y diversa, señala el dictamen.

En él se incluyen las observaciones enviadas por Ejecutivo local, tras haber sido aprobado por el pleno el año pasado. A diferencia de la primera normatividad que restringía el préstamo de úteros sólo para matrimonios o mujeres solteras infértiles, ahora esta práctica se abre a todas las personas, incluidas las parejas del mismo sexo.

En esta ley se señala que la gestación subrogada se realizará mediante la transferencia de embriones humanos, producto de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide, a una persona para que lleve la gestación. Este proceso se efectuará en favor de una o dos personas solicitantes, con quien o quienes, al término del embarazo se generan lazos de filiación con el o los niños nacidos.

El dictamen contó con siete votos a favor –uno del Panal y seis del PRD–, dos abstenciones –una del PT y otra del PRD–, y uno en contra, del PRD.

En un comunicado, diputados del PAN que no se presentaron a la sesión en comisiones, aseguraron que la dictaminación fue ilegal, pues el gobierno capitalino se excedió en 246 días en presentar las observaciones a la normatividad aprobada en el pleno el año pasado.

El estatuto de Gobierno da al mandatario local un plazo de 10 días hábiles para presentar el documento y éste venció el 14 de enero de este año, refirieron.