Narciso Agúndez no podrá ejercer cargos públicos durante seis años
El perredista y dos de sus colaboradores malbarataron siete terrenos propiedad del estado a una inmobiliaria; quebranto por $27.9 millones
Miércoles 7 de diciembre de 2011, p. 38
La Paz, BCS, 6 de diciembre. La Contraloría General del Estado inhabilitó para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de seis años al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, al ex secretario general de Gobierno Alfredo Porras Domínguez y al ex oficial mayor Juan Garibaldo Romero Aguilar.
Maritza Muñoz Vargas, titular de la Contraloría, informó que el resolutivo incluye una sanción de 27 millones 973 mil 800 pesos para el ex mandatario estatal y de 13 millones 986 mil 900 pesos para cada uno de los dos ex funcionarios que trabajaron con el gobernador de extracción perredista.
En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que el 17 de junio recibió una denuncia de José Refugio Carrillo Sánchez, director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno del estado, contra los ex funcionarios por irregularidades administrativas tipificadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.
Tras las diligencias, integradas en el expediente CGE/065/2011, la Contraloría General del Estado resolvió, el 28 de octubre, inhabilitar y sancionar a los ex funcionarios por la venta de siete terrenos propiedad del gobierno del estado, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio notoriamente inferior
al del mercado, lo que causó al estado un daño patrimonial calculado en 27 millones 973 mil 800 pesos.
Porras Domínguez fue presidente municipal de La Paz (1999-2002), director general del Colegio de Bachilleres, secretario de gobierno y candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura en 2005.
Ayer se dictó auto de formal prisión por incumplimiento de un deber legal –relacionado con una licitación anterior de los mismos terrenos– a Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario de Planeación, Infraestructura Urbana y Ecología; Héctor Ibarra Espinoza, oficial mayor hasta febrero –cuando el Partido Acción Nacional (PAN) lo postuló a la presidencia municipal de La Paz– y Luis Armando Díaz, ex secretario general de Gobierno hasta el mismo mes, antes de ser designado candidato del Partido de la revolución Democrática (PRD) a la gubernatura.
Luis Armando Díaz también fue diputado local del PT y presidente municipal de Los Cabos (2005-2008) por el PRD.
En su momento, el gobernador Marcos Covarrubias –quien contendió por el PAN luego de que el PRD no lo postuló como candidato– rechazó que esto sea una venganza política contra su antecesor, el perredista Agúndez Montaño.
El procurador general de Justicia del estado, Gamill Arreola Leal, señaló que dolosamente, de manera ilegal e indebida
, los tres ex funcionarios beneficiaron a la empresa inmobiliaria Las Veredas de San José S de RL de CV al transmitirle la propiedad de los inmuebles.
Interpone amparo
Según el contrato de la operación, realizada en 2007, se acordó un precio de 76 millones 200 mil pesos, y al momento de la firma se estipuló que el gobierno del estado recibió 72 millones 390 mil pesos, equivalentes a 95 por ciento del precio al total, lo que no aconteció
.
Arreola Leal explicó que aun cuando en 2010 se firmó un convenio para dejar sin efecto esta transacción –lo que no exime de responsabilidad a los funcionarios implicados–, en febrero de 2011 los siete terrenos se vendieron a otra empresa a un precio todavía más bajo: 23 millones 980 mil pesos, 52 millones 220 mil menos que en la operación de 2007.
En junio el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, denunciado por las irregularidades en esta licitación, interpuso un amparo para evitar ser detenido.
