Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados reconocieron ayer que la Ley de Asociaciones Público Privadas obligará a otorgar contratos multianuales por obras y servicios a empresas particulares, incluso trasnacionales, en todas las áreas del sector público, así como a compartir los riesgos de la inversión.

Aun cuando la minuta del Senado incluía la participación de la iniciativa privada en los hidrocarburos mediante la figura de asociación con el gobierno federal, en el proyecto de dictamen las comisiones unidas de Economía y de la Función Pública suprimieron esa modalidad. Pero, explicó la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT), esto es porque el petróleo ya está entregado a las trasnacionales con los contratos incentivados; lo que están cediendo es todo lo demás.

Además, refirió, desde la reforma energética de 2008, el Congreso estableció un régimen especial de contratación para Petróleos Mexicanos, distinto al resto de la administración pública, y en los sucesivos contratos se incluyó la palabra explotación, y recientemente con los incentivados se cedió un porcentaje de cada barril de crudo.

En este caso, el PT promovió y obtuvo de dos jueces federales, en Tabasco y el Distrito Federal, un amparo por contratos entregados a dos trasnacionales que operan en aquella entidad del sureste.

La legisladora explicó que incluir en el documento que la figura de las asociaciones público privadas no tendrá participación en el sector petrolero, se utiliza como una concesión del PRI y, al mismo tiempo, no deja explícito que tampoco se podrá invertir en la generación de energía eléctrica.

Desde la semana pasada PRI y PAN cancelaron sucesivas convocatorias para dictaminar el proyecto, por lo que se pospuso para este viernes. Sin embargo, una hora después de la cita, sólo se habían presentado 26 de los 60 integrantes de ambas comisiones.

Ante los reclamos del vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, el presidente de la comisión de Economía, Ildefonso Guajardo (PRI), debió declarar la falta de quórum, pero inició un debate informal del proyecto.

Durante ese diálogo, el vicecoordinador económico del PAN, Luis Enrique Mercado, reconoció que existe prisa por aprobar la ley para que entre en vigor en 2012 y en ese periodo las empresas puedan presentar sus proyectos de inversión, el gobierno los autorice y la Cámara de Diputados apruebe las partidas específicas para comenzar a pagarles a partir de 2013.

Si no se aprueba, dijo, y debido a que se regresará al Senado por los cambios a la minuta, entraría en vigor hasta 2013 y los contratos comenzarían a firmarse, entregarse y pagarse en 2014.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), afirmó que cualquier instrumento de obra que genere empleo es de prioridad para nuestro partido, y el priísta David Penchyna ponderó que la urgencia de aprobar la ley surge de que ha estado congelada casi un año en San Lázaro.

Castillo Juárez cuestionó que, de votarse, el gobierno federal, los entes autónomos y los estados se convertirían en simples administradores de contratos, pero además generará una presión presupuestaria anticipada, debido a que la Cámara de Diputados se verá obligada a autorizar el pago de un convenio comercial ya suscrito.

Por definición de los considerandos y el articulado del dictamen, las asociaciones público privadas son todo tipo de empresas que podrán establecer una relación contractual de largo plazo con el sector público para prestarle servicios o al usuario final, y en los que se utilice infraestructura total o parcialmente por el sector privado.

Esto es, que las dependencias, entes autónomos o gobiernos estatales que realicen un contrato de este tipo también deberán invertir o aportar en numerario (moneda) o en especie para las obras o servicios a realizar.

El proyecto de dictamen, que se espera sea debatido este martes, cuando se convocó a una nueva sesión de las comisiones, define que las obras o servicios podrán otorgarse por adjudicación directa o invitación restringida a tres proveedores, quienes podrán subcontratar a otras compañías o ceder los derechos del contrato.

Finalmente, cuando una empresa presente un proyecto de inversión, el sector público estará obligado a responder en un plazo máximo de 30 días; si no lo hace, se entenderá que está aprobado y, por tanto, prevalecerá la obligación de entregar el contrato.