alos tiempos para los que consideramos que el respeto a los derechos humanos es la vía irrenunciable para hablar de democracia. Las instituciones del Estado muestran una falla estructural; ya no sólo hablamos de criminalización de los movimientos sociales, sino incluso de su amenaza para quienes se atreven a ejercer su derecho al acceso a la jurisdicción nacional o internacional.

Estamos transitando a la noción de lo inimaginable. Así lo muestra la reacción calderonista ante los más de 20 mil ciudadanas y ciudadanos que presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Felipe Calderón y otros implicados por crímenes de lesa humanidad, con la evidencia de los más de 50 mil muertos que se han registrado desde 2006 a la fecha, en el contexto de una lucha contra la delincuencia organizada que emprendió el calderonismo. En lugar de preparar su defensa jurídica en caso de ser requerido por el tribunal internacional, se orquestó una dura campaña de medios, plena en descalificaciones y amenazas, que incluso ha motivado a los promotores de la denuncia a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aún habrá de valorar la petición ciudadana mexicana y sugerir a sus órganos internos lo que considere procedente. Más allá de la decisión que se asuma, por lo pronto de parte gubernamental se está sentando el precedente de que vale más la campaña extrajudicial que el respeto a los espacios jurisdiccionales. Postura por demás coincidente con el sentido profundo de la denuncia, donde se argumenta el nulo espacio de justicia para víctimas y sus familias.

Ahora en el país es peligroso o inocuo acudir a tribunales nacionales y/o internacionales. El ejemplo del empeño de La Jornada por lograr justicia frente a las calumnias y difamaciones de Letras Libres ha resultado en una interpretación absurda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los hechos avala que los medios puedan acusar de delitos graves a otros medios, amparados en la libertad de expresión. Bien lo ha calificado el periódico de la ley de la selva. ¿Qué espera a la ciudadanía?

Por otra parte, en este cuadro de impunidad, el destino del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia también se ve marcado por la misma dinámica que lo originó. Es preocupante que los magros resultados del diálogo impulsado ante los tres poderes (sin que aún el Judicial esté en esa disposición) esté marcado por el asesinato de dos de sus integrantes: Pedro Leyva, comunero de Ostula, Michoacán, activo promotor de la autonomía (a dos meses del crimen se ignora el resultado de la investigación), y el más reciente, Nepomuceno Moreno Muñoz, el pasado 28 de noviembre, en Sonora, al que se ha criminalizado en un perverso intento de trivializar y casi justificar el atentado.

Estos hechos ominosos dan sustento al mensaje del miedo y la parálisis para los familiares de víctimas, llamadas daños colaterales por el ocupante de Los Pinos. Veamos también el caso de Ciudad Juárez, donde los activistas de derechos humanos que salieron a la calle en la campaña del pasado 1º de noviembre para recordar a sus muertos fueron agredidos y detenidos por la policía. Ahora, además, sujetos desconocidos balearon a Norma Andrade cuando salía de su trabajo, el pasado viernes, en Ciudad Juárez, y está hospitalizada. Norma es madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada en febrero de 2001, y de la directora del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Malú García, quien se encuentra fuera debido a amenazas. De nuevo el mensaje similar. El alfabeto de la represión tiene a Marisela Escobedo, a Josefina Reyes y tantas otras y otros que Javier Sicilia se han propuesto nombrar. Por ello es entendible que hable de elecciones de la ignominia respecto a las que se celebrarán en 2012. Sin embargo, de las condiciones en que se desarrolle ese proceso y de sus resultados depende que en el país se profundice este contexto de impunidad o bien se introduzcan modificaciones a la estrategia virtual de guerra interna que se vive en vastas regiones del país.

Ahora Felipe Calderón pronuncia discursos apelando a que la violencia pone en riesgo la democracia, olvidando, o pretendiendo hacerlo, que es el resultado de su estrategia de combate a la delincuencia organizada. Qué novedad, ha descubierto que la violencia afecta a todos los partidos políticos. ¿Cómo podría no hacerlo, si han puesto en jaque a toda la ciudadanía, proclive o no a los partidos políticos, así como a los movimientos sociales de todo tipo? Es impredecible el rumbo del país y tampoco podemos apostar, como señaló la Rayuela de La Jornada ante las declaraciones del escritor Vallejo respecto de las elecciones: ¿Entonces qué, mi querido Fernando Vallejo? ¿No votamos y ya de plano nos vamos al monte?